La carta repasa todas las sentencias del Tribunal Constitucional contra el 1-O y recuerda que los poderes públicos tienen el deber de cumplir con las resoluciones del tribunal: subraya que abrir los centros como puntos de votación supone implicarle en "una consulta contraria al orden constitucional".
Millo señala que el 1-O "ha sido expresamente declarado ilegal" y que cualquier uso social de los edificios e instalaciones de los centros educativos públicos fuera del horario escolar debe ser autorizado por los directores.
Esta competencia de los directores --añade-- incluye el control de la legalidad de los usos y actividades que pretendan llevarse a cabo y, "consecuentemente, la asunción de las correspondientes responsabilidades jurídicas en caso de autorizarse y consentirse, por acción u omisión, cualquier actividad ilegal" como es el caso del 1-O.
AVISA DE DELITOS DE PREVARICACIÓN, DESOBEDIENCIA Y MALVERSACIÓN
Millo subraya que cualquier actividad de los directores que pueda suponer una autorización, "incluso tácita", del uso de los centros para el referéndum podría hacerles incurrir en responsabilidades penales por los delitos de prevaricación, desobediencia y malversación.
"Entre estas actuaciones figura la puesta a disposición a autoridades o terceros de las llaves o código de acceso al local", pues el deber de los directores es velar por que todas las actividades del centro se ajusten al ordenamiento jurídico, concreta.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, anunció el jueves los puntos de votación para el referéndum, entre los que hay institutos y otros centros públicos.
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