Hacienda avisa de que el tiempo de control de cuentas de la Generalitat corresponde valorarlo al Govern

  • El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ha advertido este lunes de que el tiempo que dure la situación del control de las cuentas de la Generalitat "corresponde valorarlo y responderlo a quien ha generado la situación de excepcionalidad", en alusión al Govern catalán, dado que "la obligación del Gobierno de España es preservar la legalidad en términos presupuestarios y extrapresupuestarios en Cataluña", de modo que "ni un solo euro se va a destinar a financiar una actividad ilegal e inconstitucional".
Hacienda avisa de que el tiempo de control de cuentas de la Generalitat corresponde valorarlo al Govern
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EUROPA PRESS
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Así lo ha subrayado este lunes el número dos del Ministerio de Hacienda en una rueda de prensa en Córdoba, donde ha remarcado que "la normativa vigente es la Constitución Española y la Generalitat tiene la obligación de remitir al Gobierno de España semanalmente los certificados del gasto presupuestario", pero "no lo han hecho y el Gobierno pone en marcha el control financiero excepcional ante una situación excepcional generada por el gobierno de la Generalitat", ha apostillado.

Al respecto, ha detallado que "la situación de Cataluña está originada por el incumplimiento del gobierno de la Generalitat a negarse a suministrar la información pedida por el Gobierno de España", de modo que ha recordado que el punto de partida es la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de 5 julio de este año, donde "se declara la inconstitucionalidad y nulidad de la disposición adicional de la Ley de Cataluña de presupuestos de la Generalitat para 2017 y declara inconstitucional las partidas presupuestarias afectas a procesos electorales y consultas populares".

Ante ello, según ha agregado, "el Tribunal Constitucional expulsa del ordenamiento jurídico la norma presupuestaria habilitada por la Generalitat", por lo que "esta norma no existe y al no existir, el Gobierno de España pone en marcha los mecanismos que le otorga la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, aprobada en 2012 con el voto a favor de CiU, y habilita un mecanismo de control reforzado del presupuesto de la Generalitat", ha puntualizado Fernández de Moya.

Entretanto, ha subrayado que el acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos (Cdgae) de julio "refuerza el control semanal financiero de legalidad presupuestaria para que ni un solo euro del presupuesto de la Generalitat se destine a financiar un proceso refrendario ilegal e inconstitucional".

Además, ha apuntado que dicho acuerdo exigía "un certificado semanal para controlar el gasto presupuestario y extrapresupuestario de la Generalitat para que ni un solo euro se destine a financiar un proceso refrendario ilegal e inconstitucional", de manera que "se ha dado traslado de la conducta de la interventora General a la Fiscalía General del Estado para que tenga en cuenta las actuaciones", ha recordado.

En definitiva, el secretario de Estado de Hacienda ha declarado que "el Gobierno de España para garantizar y preservar la legalidad desde el punto de vista presupuestario y que no se destine ni un solo euro a financiar un proceso refrendario ilegal e inconstitucional ha puesto en marcha los mecanismos que habilita el Estado de Derecho".

LOS PLAZOS

En concreto, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, tiene hasta primera hora de este martes para adoptar y comunicar el acuerdo de no disponibilidad presupuestaria que le ha impuesto el Ministerio de Hacienda y para el que le ha dado un plazo de 48 horas, que empezó a correr el sábado cuando el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la medida.

Si en las escasas 24 horas que le quedan Puigdemont no acata la orden, será el ministro Cristóbal Montoro el que adopte ese acuerdo y se lo comunique tanto a la Generalitat como a su Intervención.

La medida afecta a los créditos presupuestarios distintos de los que ya ha asumido Hacienda para evitar que se dedique dinero al proceso soberanista. El pasado viernes, el Gobierno decidió controlar el gasto social de la Generalitat y encargarse del pago directo de las nóminas y de los servicios de educación, sanidad y servicios sociales.

Para controlar el resto del Presupuesto, se ordenó además a Puigdemont adoptar ese acuerdo de no disponibilidad de créditos y se le concedieron 48 horas para hacerlo voluntariamente. El plazo comenzó a correr desde la publicación de la medida en el BOE el sábado por la mañana y expira por tanto el martes a primera hora --el domingo no cuenta--.

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