Según ha afirmado en un comunicado, estas entradas vulneran el derecho de defensa, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y violan el derecho al secreto profesional de los abogados, "en la medida en que se practican indiscriminadamente".
Asimismo, el Icab cree que la actuación afecta a la protección de los datos personales de cualquier cliente y no respeta lo establecido en el Estatuto de la Abogacía que exige que la diligencia de entrada y registro se ponga en conocimiento de la decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona.
El Colegio defiende que es función de la abogacía "garantizar los derechos y libertades de las personas a través del derecho de defensa" y que los abogados deben tener garantizado el ejercicio de este derecho, pilar fundamental del Estado social y democrático de Derecho.
La institución se ofrece para mediar y encontrar una solución "al conflicto político actualmente existente que debe venir a través de un diálogo pacífico e integrador de todas las opiniones".
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