El PP-A pide 14 años de cárcel para el exconsejero Antonio Fernández por una ayuda de los ERE


SEVILLA|

El PP-A, personado como acusación en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha solicitado 14 años y medio de cárcel y 36 años de inhabilitación para el exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández por la ayuda sociolaboral concedida a la empresa Acyco.

En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el PP-A pide para el exconsejero de Empleo ocho años de prisión y 20 de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación, así como cuatro años y medio de cárcel, cuatro años de inhabilitación y el pago de una multa de 5.400 euros por un delito de prevaricación en concurso medial con un delito de falsedad en documento oficial.

Asimismo, el PP-A pide para el exconsejero y para las otras 11 personas encausadas en esta pieza separada, entre ellas cinco ex altos cargos de la Junta, un total de dos años de cárcel, 12 años de inhabilitación y el pago de una multa de 36.000 euros por un delito de asociación ilícita.

En este sentido, y sumadas a la pena anterior, el PP-A pide para el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá un total de 12 años y medio de prisión, 24 de inhabilitación y 5.400 euros de multa, mientras que a los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Daniel Alberto Rivera y Juan Márquez, les solicita, respectivamente, ocho años, seis años y cuatro años y medio de cárcel.

De igual modo, el PP-A pide ocho años de prisión y otros 20 de inhabilitación para el ex director general del antiguo IFA Miguel Ángel Serrano; 14 años de cárcel para la presidenta del consejo de administración de Acyco, Encarnación Poto, el director de Recursos Humanos y abogado de la empresa, Gabriel Barrero Raya, y un segundo letrado, y penas de entre ocho y seis años de cárcel para dos extrabajadores de Vitalia y un 'intruso'.

Asimismo, el PP-A pide que todos los encausados respondan solidariamente de la devolución a la Hacienda Pública del total de la cantidad desembolsada por IDEA para el pago de la prima de la póliza de Acyco, por importe de 2,9 millones de euros, y de la cantidad desembolsada por IDEA para el pago de la ayuda directa dada a esta empresa por importe de 82.215 euros.

El PP-A entiende que estas cantidades deberán ser minoradas, en trámite de ejecución, por una serie de conceptos, en primer lugar las cantidades que hayan sido recuperadas por la Junta en los procedimientos administrativos iniciados al efecto, por lo que pide requerir a la Administración autonómica para que "certifique el total de los importes recuperados de los beneficiarios finales, ejercicio a ejercicio".

También deberán ser minoradas en base a las cantidades recuperadas por el Tribunal de Cuentas de los encausados que resulten ser declarados responsables contables y resto de perceptores directos de los fondos objeto de las presentes actuaciones --programa 31 L, 22 E--, debiendo oficiar al respecto al Tribunal de Cuentas, y en base a las cantidades que hayan sido recuperadas en la ejecución de las sentencias condenatorias, en su caso, que recaigan en el resto de piezas separadas con respecto a los perceptores finales de los fondos públicos.

El PP-A relata en su escrito de acusación que fue en el año 2003 cuando Acyco inició un ERE para la extinción de 35 puestos de trabajo por circunstancias productivas y de organización, tras lo que el 2 de julio de 2003 la empresa presentó ante la Delegación de Empleo de Sevilla la solicitud de tramitación del ERE.

Tras ello, fue el 23 de julio de 2003 cuando se autorizó a Acyco la extinción de los 35 contratos laborales de los 161 contratos de los trabajadores que formaban la plantilla, constituyendo los trabajadores la Asociación '3 de julio' para articular el plan de prejubilaciones y el pago de las rentas a través de póliza de renta colectiva, contando para la contratación de las pólizas con la Vitalia como mediadora.

PROTOCOLO DE COLABORACIÓN

El PP-A añade que el 26 de julio de 2003 se firmó un protocolo de colaboración entre Acyco y la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social para el pago de las primas derivadas de estas pólizas de rentas colectivas, suscrito por Guerrero y Encarnación Poto, "sin que para ello se tramitara el debido expediente administrativo de solicitud y concesión de ayuda ni existieran los controles pertinentes".

"Ni tan siquiera hubo solicitud formal, ni resolución de concesión ni se fijó la cantidad que iba a asumir la Junta de Andalucía y, mucho menos, se hizo un seguimiento del efectivo cumplimiento de los fines de las ayudas", asevera el PP-A, que indica que, como anexo a este protocolo, constaba un estudio de cálculo actuarial de Vitalia para determinar las cuantías a pagar y las personas beneficiarias, "en el cual por primera vez aparecen los 'intrusos' de este expediente".

En concreto, se trata de dos 'intrusos', uno de ellos "amigo de la infancia de Guerrero, al cual le solicitó la ayuda", asevera el PP-A, que pone de manifiesto que el estudio calculaba un importe total de gasto para el ERE de 2,9 millones, ascendiendo las cuantías a pagar a los dos 'intrusos' a 104.885,01 y 120.201,83 euros, respectivamente.

"De todo ello tuvo pleno conocimiento el viceconsejero de Empleo Antonio Fernández, quien lo autorizó", asegura el PP-A, que indica que en el ERE se incluyó a Encarnación Poto "a pesar que no llegó a extinguir la relación laboral con la empresa, continuando en sus cargos y cobrando por ello hasta el año 2010, compatibilizándolo con el cobro por desempleo desde 2003 al 18 de agosto de 2005 y las prestaciones relativas a su prejubilación derivadas" de dos pólizas.

ASOCIACIÓN ILÍCITA

A juicio del PP-A, "para llevar a cabo este fraude y desvío de fondos públicos, la Consejería de Empleo no sólo firmó el Protocolo, sino que con fecha 10 de febrero de 2004", Guerrero firmó un convenio de colaboración con el director general del IFA, Miguel Ángel Serrano, "por el que se le encomendó a éste la gestión del otorgamiento de la ayuda a Acyco con conocimiento de Antonio Fernández, en su condición de viceconsejero".

Según afirma, los acusados "fueron conocedores de que estas 'ayudas' se concedieron prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido y sabían que ni la Dirección General de Trabajo ni IDEA iban a hacer un seguimiento alguno de las mismas ni, mucho menos, del plan de inversiones y de futuro al que se hacía referencia en el convenio firmado entre Acyco y la Dirección General de Trabajo en el mes de octubre de 2003".

El PP-A acusa a todos los imputados de un delito de asociación ilícita al entender que "estaban concertados en sus actuaciones de un modo expreso o tácito, existiendo una unión y acuerdo que duró en el tiempo para llevar a cabo la actividad delictiva".