La Cámara ha aprobado por unanimidad una iniciativa del PPdeG -transaccionada con los grupos de la oposición para reclamar que en Galicia se creen, al menos, ocho nuevos juzgados en 2018 --cifra que demanda el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG)-- y se refuercen las plazas de magistrados.
Asimismo, este acuerdo insta a la Xunta a reclamar al Ministerio de Justicia un incremento en las partidas presupuestarias para las sustituciones de personal por bajas y vacaciones.
Además, los grupos emplazan a realizar una auditoría exterior e independiente sobre la implantación de la administración digital en la Justicia, con especial atención a los fallos del sistema Lexnet, al tiempo que se pide adoptar medidas para su correcto funcionamiento.
Finalmente, se emplaza al Gobierno gallego a dotar de medios materiales a todos los órganos jurisdiccionales que el Ministerio de Justicia asigne a Galicia.
En su toma de la palabra, Paula Prado (PPdeG) ha apuntado que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) "habla de ocho unidades judiciales", que considera una "propuesta de mínimos". "No podemos pedir solo ocho", razona, ya que: "Tenemos que pedir los que necesitamos, y probablemente necesitamos más que esos ocho".
Al respecto, Prado reconoce que los juzgados gallegos "no son suficientes", ya que la Comunidad "necesita más unidades judiciales", y considera que un acuerdo unánime del Parlamento en materia de justicia es un "mensaje muy importante".
LA OPOSICIÓN VALORA LA BÚSQUEDA DEL CONSENSO
Por su parte, Luís Villares (En Marea) se ha mostrado "sorprendido" del afán de consenso en la justicia del PP, que valora como un "avance".
A renglón seguido, ha denunciado diversas problemáticas existentes como jugados de violencia de género "sin medios personales ni materiales", así como el "escándalo" de la falta de sustitutos en los juzgados gallegos, que achaca a la "precarización" promovida por la reforma de la Justicia que realizó Alberto Ruiz Gallardón.
Así, Villares lamenta que la Justicia sea la "hermana pobre" de todas las administraciones, mientras cada año se abren "200 casos" de corrupción en Galicia, que no se dan cerrado por una "administración de justicia lenta", y el "90 por ciento" de esos casos afectan al PP, sostiene.
Patricia Vilán (PSdeG) le ha dado la "bienvenida al consenso" al Partido Popular, a pesar de que "no cumplieron" el plan judicial que tenían previsto entre 2010 y 2015.
Además, la diputada socialista ha denunciado que el Ministerio de Justicia "no está dispuesto a dar ni un céntimo más para cubrir las sustituciones" en Galicia, tras acabarse los fondos en junio.
Luis Bará (BNG) ha reprochado que Galicia lleva "siete años sin tener ningún juzgado nuevo", aunque reconoce "la voluntad de consenso" de los populares.
Asimismo, Bará exige mejoras como un "necesario" incremento de medios económicos para sustituciones por vacaciones o bajas. También pide que se tomen medidas antes dificultades como las que vive el juzgado de lo social de Lugo, con "retrasos de dos años" en expedientes de prestaciones por desempleo.
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