ÚLTIMA HORA DE LOS ATENTADOS: Los Mossos investigan si el imán de Ripoll era el líder de la célula yihadista

CANAL. EL JUEZ VELASCO VALORARÁ EL GRADO DE COLABORACIÓN DE LOS INVESTIGADOS PARA APLICAR PRISIÓN PREVENTIVA

MADRID|
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco tendrá en cuenta el grado de colaboración de los detenidos en la `operación Lezo´ a la hora de acordar medidas cautelares para los que están declarando este viernes. La marcha de los interrogatorios será decisiva para que la Fiscalía pida prisión incondicional, eludible bajo una cuantiosa fianza o decrete libertad condicional. El magistrado acordó ayer prisión eludible bajo fianza de 4 millones y 100.000 euros, respectivamente, para los dos investigados a los que tomó declaración. Velasco toma ya declaración a Edmundo Rodríguez Sobrino, presidente de una de las filiales del Canal, y ha terminado el interrogatorio a Clarisa Guerra, secretaria del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y persona de su máxima confianza. Tras ellos esperan en los calabozos de la Audiencia para responder a los fiscales y al juez, el hermano del expresidente madrileño, Pablo González y su cuñado, José Juan Caballero. Esta tarde declararán el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, al que se considera cerebro de la supuesta trama de enriquecimiento personal que se urdió alrededor del Canal de Isabel II. González y el consejero de la constructora OHL Javier López Madrid, yerno del empresario y exministro Juan Miguel Villar Mir, han sido trasladados en el mismo transporte a la Audiencia Nacional desde la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos y esperan su turno para declarar en los calabozos de la sede judicial. Canal de Isabel II creó en diciembre de 2001 Canal Extensia, que a su vez adquirió el 81,24% de Inassa (Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios SA), con sede en Barranquilla (Colombia). En 2013, Canal Extensia e Inassa "constituyeron la Sociedad Soluciones Andinas de Aguas SRL", con domicilio social en Montevideo, Uruguay.Una de las principales operaciones que están bajo sospecha es la compra que Inassa, la filial suramericana del Canal de Isabel II, realizó en el año 2013 para adquirir el 75% de la sociedad brasileña Emissao Engenharia e Construçoes, SA Ltda, por “25 millones de dólares” de dinero público con cargo a las arcas de la Comunidad de Madrid, según los datos que maneja el juez Velasco.El juez Velasco decretó ayer prisión eludible bajo fianza de cuatro millones de euros para la exdirectora financiera del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond, y prisión eludible bajo 100.000 euros al exgerente del Canal Adrián Martín por presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación de fondos públicos y vincula a ambos con la adquisición irregular por 26 millones de euros de la empresa brasileña Emissao.