(ampliación) el supremo revoca la absolución de la audiencia nacional por el asedio al parlament y condena a los participantes a tres años de cárcel

El Tribunal Supremo ha anulado la sentencia de la Audiencia Nacional y acuerda condenar por delito contra las instituciones del Estado a tres años de prisión a ocho de los juzgados por el asedio al Parlamento catalán en junio de 2011. Los condenados son José María Vázquez Moreno, José López Cobos, Ángela Berguillos, Jordi Raymond, Ciro Morales, Olga Álvarez, Rubén Molina y Carlos Munter.
La sentencia incluye un voto particular del magistrado Perfecto Andrés, favorable a mantener la sentencia absolutoria de instancia. Al ser Andrés el ponente inicial y quedar en minoría, la ponencia se cambió, correspondiendo al presidente, Manuel Marchena.
En su sentencia los magistrados analizan la interpretación realizada por la Audiencia Nacional en relación con la colisión de dos derechos fundamentales en conflicto: el de libertad de expresión y el derecho de reunión, para concluir que la sala de instancia incurrió en un “patente error” a la hora de solucionar ese conflicto surgido por la convergencia de bienes jurídicos constitucionalmente protegibles, puesto que esos dos derechos "colisionaban con el derecho de participación de los ciudadanos a través de sus legítimos representantes en el órgano legislativo", que "no puede ser contemplada como una patológica colisión, sino como una realidad necesitada de un juicio ponderativo que defina el alcance de los derechos en conflicto”.
El Supremo recuerda que delimitar y precisar su significado "exige resolver las tensiones derivadas de su respectiva convergencia mediante una dosificación que, en la medida de lo posible, no imponga el sacrificio gratuito de unos frente a otros".
El Supremo entiende que la sentencia ahora anulada "altera las claves constitucionales que han de presidir la tarea jurisdiccional de ponderación. Y lo hace recurriendo a una errónea y traumática desjerarquización de uno de los derechos convergentes -el derecho constitucional de participación política a través de los legítimos representantes en el órgano legislativo-, que, pese al esfuerzo argumental empeñado, se aparta de las claves definitorias de nuestro sistema".
Los magistrados analizan en su sentencia cómo el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de reunión no pueden operar como elementos neutralizantes de otros derechos y propios indispensables para la vigencia del sistema constitucional.
Entiende que “paralizar el trabajo ordinario del órgano legislativo supone afectar no ya el derecho fundamental de participación política de los representantes políticos y, en general, de los ciudadanos catalanes, sino atacar los valores superiores del orden democrático".
Sin modificar el relato fáctico de la sentencia de instancia, el Supremo considera que las conductas ahora sancionadas encajan en el artículo 498 del Código Penal, porque los acusados contribuyeron con su acción a reforzar la violencia e intimidación sufrida por los diputados autonómicos, impidiéndoles el normal desarrollo de sus respectivas funciones representativas. Esos actos eran concreción del lema de la manifestación, encaminado a paralizar la actividad del Parlamento.
ABSOLUCIÓN
La Audiencia Nacional, en una extensa sentencia de 164 folios dictada el pasado mes de julio, absolvíó a 19 de los 20 acusados de violentar el orden el 15 de junio de 2011. Aquel día, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, tuvo que acceder a la sede parlamentaria en helicóptero mientras cerca de un millar de personas ocupaban los accesos del Parlament para evitar que se celebrase la votación de los Presupuestos autonómicos, que incluían duros recortes.
La sentencia inicial exculpaba a todos los procesados de un delito contra las instituciones del Estado, atentado y asociación ilícita. Sólo culpaba de una falta al manifestante que pintó una cruz en la espalda de la diputada del PSC Montserrat Tura.
Para ello, el ponente Ramón Sáez Valcárcel realizaba una extensa argumentación sobre el derecho fundamental de la libertad de expresión y manifestación: “La democracia se sustenta en un debate público auténtico, en la crítica a quienes detentan el poder”. “Las conductas estaban destinadas a reivindicar los derechos sociales y los servicios públicos frente a los recortes presupuestarios y a expresar el divorcio entre representantes y representados”, argumentaba.
Para el tribunal, “todos ejercieron el derecho fundamental de manifestación, sin que pueda imputárseles acto alguno que pudiera significar un exceso o abuso”. “Cuando los cauces de expresión se encuentran controlados por medios de comunicación privados (...) resulta obligado admitir cierto exceso en el ejercicio de las libertades de expresión o manifestación”, señalaba la sentencia.
A su entender, la realidad "pone de manifiesto la invisibilidad de ciertas realidades dramáticas por la dificultad (...) de la más absoluta imposibilidad de quienes las sufren de acceder a la opinión pública para difundir y hacer llegar sus proclamas y opiniones". La protesta es, para muchos sectores sociales, el "único medio", decían los jueces de la Audiencia, "por el que expresar y difundir sus pensamientos y opiniones, el único espacio en el que puede ejercer su libertad de palabra".
En la protesta enjuiciada se dieron "todos los elementos" para entender la conducta de los manifestantes como la expresión de un derecho fundamental que tenía como último fin dirigir a los parlamentarios y a los medios un mensaje: el rechazo a los recortes en el gasto social "en detrimento de los servicios públicos y de la efectividad de los derechos sociales".
Ahora el Supremo rechaza esta interpretación y considera que el derecho a la libertad de expresión no puede estar por encima del normal desenvolvimiento de las instituciones, ni se puede admitir la intimidación a los representantes democráticos.