Defensa de la Ría de Arousa exige el cese del almacenamiento de hidrocarburos en Ferrazo tras la sentencia del Supremo

Los abogados de la plataforma advierten de que el uso de los depósitos para otras actividades inocuas requiere nueva licencia

VILAGARCÍA DE AROUSA (PONTEVEDRA), 4 (EUROPA PRESS)

Los abogados de la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA) consideran que la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que estimó ilegal la autorización otorgada por la Xunta a Finsa y Foresa para el almacenamiento de hidrocarburos en el puerto de Vilagarcía, "es suficiente para que cese de inmediato el almacenamiento de derivados del petróleo en los depósitos de Ferrazo".

Los tres letrados que defendieron a la plataforma en el recurso que Finsa y Foresa presentaron ante el Supremo señalaron hoy en rueda de prensa que "la Consellería de Industria dispone de un plazo de tres meses desde que se le notifique la sentencia para hacerla cumplir e impedir el almacenamiento de hidrocarburos a las empresas propietarias de los depósitos".

Los letrados recordaron que el contencioso original no fue contra Finsa y Foresa, sino contra la Consellería de Industria y que, por tanto, "será ésta quien deba hacer cumplir la sentencia". El dictamen del Supremo deja, en opinión de los letrados de la PDRA, poco margen en los otros dos procedimientos judiciales que la plataforma tiene aún en tramitación en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, uno de ellos solicitando la impugnación de las licencias municipales y otro cuestionando la autorización otorgada por la Consellería de Medio Ambiente para desarrollar la actividad.

EFECTO INMEDIATO

El abogado Matías Movilla argumentó que "el efecto de la sentencia tiene que ser inmediato", independientemente de que exista un contencioso en el que se está discutiendo la licencia de actividad concedida en su día por el Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa.

En este sentido, los letrados de la PDRA estimaron que el Ayuntamiento de Vilagarcía debería tomar la iniciativa e, independientemente de que el tema se encuentre 'sub iudice', iniciar un expediente de revisión de la licencia otorgada en su día a Finsa y Foresa ya que, "a partir de esta sentencia, la licencia en cuestión carece de sentido".

Según explicó el letrado Alberto Martín, "parece lógico que una vez que el Supremo ha declarado nula la autorización por parte de la Consellería de Industria, el ayuntamiento inicie un proceso de revisión de la licencia municipal que concedió en su día, y que venía supeditada a la autorización administrativa ahora anulada".

OTRAS ACTIVIDADES

Los abogados de la Plataforma reconocen que la sentencia del Supremo "no implica el desmantelamiento de los depósitos de Ferrazo", sino que tan sólo hace referencia a la imposibilidad de almacenar en ellos hidrocarburos. En opinión de los letrados, "si se cumple la normativa aplicable podría no haber problema para que Finsa y Foresa los dedicaran a otra actividad".

Para ello, tendrían que iniciar de nuevo los procedimientos administrativos correspondientes y, por supuesto, "siempre que fuera una actividad que no estuviera incursa en los proyectos de las directivas que el Supremo reconoce que han infringido".

Los abogados que representaron a la plataforma manifestaron que, "si se tratara de una actividad inocua para el medio ambiente, no debería haber problema para que se destinara a ella esos depósitos". No obstante, matizaron que las empresas "tendrían que volver a solicitar la licencia para ese nuevo uso". "Hoy por hoy no pueden utilizarlos para nada", alertaron.

ACUERDO POLÍTICO

Por su parte, el presidente de la Plataforma en Defensa de la Ría de Arousa, Xaquín Rubido, recordó que el sentido último de este colectivo es "proteger y defender la ría de Arousa". En este sentido, la plataforma demandará de los poderes públicos una normativa que proteja al conjunto de este espacio natural contra el tráfico de hidrocarburos.

El objetivo, subrayó, es "evitar entrar en la casuística de que el presidente del Puerto o el gobernante de turno otorgue autorizaciones o concesiones puntuales que puedan poner en peligro la ría y las actividades productivas que en ella se llevan a cabo".

Xaquín Rubido consideró que en este punto debería haber un acuerdo de todas las fuerzas políticas. "Los afectados somos todos, independientemente de nuestro color político", alertó.

La PDRA, adelantó Rubido, solicitará una reunión urgente con los responsables del nuevo gobierno autonómico para reiterarles sus posiciones, "si cabe más avaladas tras esta sentencia del Tribunal Supremo".