El "Caso Alierta" queda visto para sentencia después de 7 años

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Por Carlos Ruano

MADRID (Reuters) - Después de siete años deambulando entre distintas instancias, el denominado "Caso Alierta" quedó la madrugada del jueves visto para sentencia tras cuatro largas sesiones de juicio oral contra el empresario César Alierta y su sobrino, Luis Placer, por un presunto abuso de información privilegiada cuando el primero presidía Tabacalera en 1997.

"Haremos lo posible porque tengamos la sentencia lo antes posible y que sea una sentencia justa" dijo ya el jueves la presidenta del tribunal, Manuela Carmena, después de escuchar durante casi nueve horas las argumentos finales de la defensa y el fiscal anticorrupción, que pide hasta 4 años y medio de prisión para el actual presidente de Telefónica.

El tribunal también tendrá que decidir sobre las cuestiones previas planteadas por la defensa - entre ellas una supuesta prescripción - y que serán resueltas en la sentencia. Esta circunstancia podría llevar al tribunal a declarar simplemente que la causa ha prescrito sin necesidad de dictar un veredicto de inocencia o culpabilidad, explicaron dos abogados que participan en la causa.

El fiscal anticorrupción, Alejandro Luzón, acusa a Alierta y a su sobrino de ganar 1,86 millones de euros con compras de acciones en el año 1997 justo antes de que la tabaquera presidida por Alierta anunciase la compra de una empresa estadounidense de puros (Havatampa) y de una subida de los precios del tabaco.

En contra de la petición de prescripción, Luzón argumenta que el caso atenta gravemente contra el interés general "al generar desconfianza en el mercado de valores" y que, por lo tanto, la solicitud no procede.

El caso, que se inició en el año 2002 por una acusación particular hoy retirada, fue archivado por el tribunal que ahora lo juzga alegando que habían prescrito los plazos para investigar la causa, pero una instancia superior -- el Tribunal Superior de Justicia de Madrid -- ordenó la reapertura.

En todo caso, en sus conclusiones finales, el representante de la defensa, Gonzalo Rodríguez Mourullo, solicitó sentencia absolutoria para Alierta y rechazó los argumentos del fiscal tras sugerir que desde que se iniciase el proceso en el año 2002 ha habido una persecución contra su defendido.

El magistrado destacó que la Fiscalía Anticorrupción ha tenido una "sospecha de ilegalidad de todo aquello en lo que aparece el señor Alierta" y rechazó tajantemente el uso de información privilegiada y, consecuentemente, el resto de las acusaciones que se derivarían de la misma.

"Aquí ha pasado como si en un procedimiento por homicidio nos pasásemos todo el tiempo en si el que mató fue A o B, o a través de B, sin habernos preocupado de si había (o no) muerto", dijo tras negar que hubiese uso de información privilegiada.

Además, el abogado arremetió contra declaraciones del fiscal cuando en las cuestiones previas argumentó que era de interés nacional juzgar al empresario.

"La inhabilitación del señor Alierta afectaría gravemente a la prosperidad del país, muy pocos empresarios españoles, por no decir ninguno, han hecho tanto por la riqueza del país y la prosperidad de nuestra patria que el señor César Alierta", dijo Rodríguez Mourullo.

Alierta, reconocido gestor que después de preparar la privatización total de Tabacalera lideró la reconversión de Telefónica en un grupo de telecomunicaciones de referencia a nivel mundial, defendió a capa y espada su inocencia durante el proceso afirmando: "No he comprado ni una acción de Tabacalera ni directa ni indirectamente" en 1997.

Por su parte el abogado de Placer, insistió en las conclusiones en la prescripción del caso al no concurrir el interés general y acusó al fiscal de haber construido "un castillo de naipes".

El juicio oral, en el que los acusados estuvieron respaldados por una cohorte de algunos de los abogados más prestigiosos de España, contó con declaraciones de una decena de testigos y media docena de expertos periciales en su mayor parte propuestos por la defensa, que apoyaron una supuesta falta de argumentos para sostener una condena.

El fiscal, calificó de "pseudoperitos" a algunos de los expertos que declararon y llegó a tildar de "sonrojante" la intervención de una de las testigos.

Fuentes judiciales que participan en el proceso explicaron que la sentencia, todavía recurrible, podría estar lista en un plazo de aproximadamente un mes.