El juez absuelve a dos electos del PP y una dirigente de CC.OO. por una demanda civil de GRHUSA

HUESCA, 28 (EUROPA PRESS)

El juez titular del Juzgado de Primera Instancia número uno de la ciudad de Huesca absolvió a dos cargos electos del Partido Popular y una dirigente del sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.), quienes fueron demandados por el jefe de personal de la empresa GRHUSA por una supuesta infracción de su derecho al honor.

Los absueltos son la concejala del PP en Huesca Ana Alós; el ex-concejal oscense y actual senador del PP Roberto Bermúdez de Castro, y la secretaria general de CC.OO.-Huesca, Arancha García Carpintero, quienes habían sido demandados por el jefe de personal de GRHUSA, Javier Hernando, quien correrá con las costas del juicio.

Hernando decidió interponer una demanda en defensa del derecho al honor, tras las críticas que durante el anterior mandato municipal realizaron los dos concejales populares y la responsable de CC.OO. hacia la empresa, dedicada a la recogida de residuos.

Estas críticas iban dirigidas a la gestión que el concejal socialista German Sanromán, al frente de esta empresa, estaba llevando a cabo. Frente a ellas, Javier Hernando decidió emprender acciones judiciales. Meses después la sentencia, contra la que cabe recurso, absuelve a los demandados.

La sentencia recoge que Javier Hernando "alegó ser el responsable de organización y recursos humanos de la empresa de Gestión de Residuos Huesca, S.A., tras atender a la oferta publicada en un diario para la contratación de dicho puesto" y que "desarrolló su trabajo con normalidad hasta que en julio de 2006 se inició una campaña política de crítica a la gestión de la citada empresa que ha atentado contra su honor, dignidad y prestigio profesional, y por parte de los tres demandados aprovechando la cobertura mediática de sus actividades, haciendo especial énfasis en la crítica sobre la selección como responsable del puesto al que fue designado".

La sentencia argumenta que las críticas de los ahora absueltos se realizaron en defensa de los intereses de los ciudadanos y estaban dirigidas a lo que consideraban una actuación poco transparente de una empresa pública y financiada con fondos públicos.

La sentencia añade que "ello hace que las expresiones de los demandados deban ser interpretadas en ese contexto de crítica política habitual en las relaciones entre partidos políticos e instituciones, organismos o entes privados o públicos relacionados con los intereses públicos".

Con ello, el juez entiende que "tales expresiones o críticas se encontrarían vacías de finalidad de ataque personal dirigida a menoscabar a vulnerar la honorabilidad o dignidad profesional o personal del sujeto al que van dirigidas que, por otro lado, en el supuesto de autos no lo es el señor Hernando, sino los responsables de la empresa GRHUSA encargados del proceso de selección".