El Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso de la Comunidad contra el Plan Estatal de Vivienda

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso presentado por la Comunidad de Madrid contra el Real Decreto que regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 del Ministerio de Vivienda, informó hoy a Europa Press un portavoz del Gobierno regional.

La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Ana Isabel Mariño, expresó hoy su satisfacción ante la decisión adoptada por Constitucional porque, según explicó, con este recurso "el Gobierno regional pretende defender los intereses de los ciudadanos madrileños".

El Ejecutivo autonómico presentó el citado recurso --conflicto positivo de competencias-- el pasado mes de abril al considerar que con esta normativa el Gobierno central invade competencias exclusivas que la Constitución atribuye a la Comunidad de Madrid en cuanto a la regulación del régimen de vivienda protegida. Además, el Gobierno regional considera que el texto limita la política de vivienda regional e impone obligaciones a las Comunidades Autónomas.

El recurso de la Comunidad de Madrid se refiere a los artículos 6 y 3.1b del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012. El primero de ellos establece que el periodo de protección de viviendas será permanente en el caso de que estos pisos se construyan en suelos destinados por ley a vivienda protegida y no inferior a 30 años sobre suelos libres.

La Comunidad de Madrid estima que esta circunstancia convierte el derecho a la propiedad "en una especie de derecho de uso y disfrute, lo que implica que los adjudicatarios de vivienda protegida nunca serán propietarios plenos de sus pisos sino meros usuarios". "Esta situación introduce inestabilidad y desconfianza entre las familias ya que se sustituye el sistema tradicional de ahorro --basado desde los años 60 en la compra de una vivienda-- por un modelo intervencionista", señaló.

Por su parte, el artículo 3.1.b. del Plan Estatal de Vivienda 2009-2012 exige al Gobierno regional la creación de un registro público de demandantes de vivienda protegida, una medida que la Comunidad de Madrid considera ineficaz como base única para la adjudicación de viviendas protegidas y que, una vez más, supone una invasión de competencias autonómicas.