El TS anula el Protocolo de la UPV para los estudiantes en prisión porque vulnera la Ley General Penitenciaria

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El Tribunal Supremo ha declarado "nulo de pleno derecho" el Protocolo de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) para la atención a personas internas en centros penitenciarios, aprobado en septiembre de 2005 por el Gobierno vasco, por vulnerar el artículo 56 de la ley Orgánica General Penitenciaria.

Este artículo exige que medie un convenio entre la Administración Penitenciaria y la universidad correspondiente para que los internos en cárceles españolas puedan cursas estudios universitarios. El Protocolo fue aprobado pese a la inexistencia de convenio entre la Dirección General Penitenciaria y la universidad vasca.

La sentencia acoge un recurso presentado por la Abogacía del Estado contra una sentencia, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de diciembre de 2006, que desestimaba las pretensiones del Estado frente a la decisión del gobierno autonómico.

ENSEÑANZA DE RIGOR Y CALIDAD.

Esta resolución, de la que ha sido ponente el magistrado Santiago Martínez-Vares, subraya que la Ley Penitenciaria busca que los convenios con las universidades garanticen "que la enseñanza se imparte en las condiciones y con el rigor y la calidad inherentes a este tipo de estudios, adaptando, en lo que sea preciso, la metodología pedagógica a las especiales circunstancias que concurren en el ámbito penitenciario".

Además, la Ley hace posible que "la alteración del régimen y estructura de la enseñanza o de la asistencia educativa a los internos prevista en los convenios aludidos, así como cualesquiera otras modificaciones, prórrogas (...) deban ser autorizados por la Administración penitenciaria", agrega la resolución.

El alto tribunal acoge los motivos de los Servicios Jurídicos del Estado para añadir que, "bien sea la Universidad Nacional de Educación a Distancia, o bien Universidades de otro ámbito territorial determinado", cuando la Administración Penitenciaria conoce que uno o varios internos pretenden acceder al servicio público de la educación a distancia, deberán suscribir los oportunos convenios con estos centros.

Añade que si se excluye de la aplicación de este precepto -como hace el Protocolo- a los internos en centros penitenciarios extranjeros (como son los franceses) que quieran cursar estudios en universidades españolas, "se está excluyendo a éstos de la aplicación de unas garantías legalmente previstas para asegurar la calidad de la enseñanza a la que aspiran", además de "cercenar la competencia de la Administración penitenciaria española".

Además, subraya que la exigencia de convenios con la Administración Penitenciaria "en nada se opone a la autonomía de la Universidad del País Vasco" y que la Ley garantiza el derecho del acceso a la educación de las personas recluidas en centros penitenciarios.

"No obstante, este derecho queda sujeto, tal y como ha reconocido el Tribunal Constitucional en numerosas ocasiones, a las modulaciones y matices derivados de la situación de sujeción especial de los internos, que obliga a acatar las normas de régimen interior reguladoras de los establecimientos penitenciarios", agrega el Tribunal Supremo.