El TSJC remitirá a la Fiscalía las críticas de Muguruza al juez Acayro por si hubiera delito del alcalde

El tribunal rechaza cualquier intervención respecto a la labor del magistrado y apela a la independencia judicial

SANTANDER, 7 (EUROPA PRESS)

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha aprobado hoy un acuerdo en el que rechaza las críticas del alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, al titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la localidad, Luis Acayro, y ha decidido además remitir ese acuerdo a la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía por si las manifestaciones del alcalde"pueden ser constitutivas de un ilícito penal".

La Sala de Gobierno del TSJC, reunida hoy, sale así al paso de las afirmaciones del alcalde castreño, quien ha lamentado que el presidente del Tribunal Superior, César Tolosa, no haya intervenido ante lo que considera actuaciones "aberrantes, improcedentes, injustas y poco democráticas" por parte del juez.

En su acuerdo, el TSJC reconoce que la crítica hacia las resoluciones judiciales "es siempre lícita y deseable" en un Estado de Derecho, pero recalca que eso "no permite ni puede amparar los ataques personales ni la deslegitimación" de los jueces y magistrados.

Además, en este caso incide en la "gravedad" de las "descalificaciones" y considera que son "de todo punto rechazables, máxime cuando proceden de quien ostenta una representación pública de carácter institucional".

Respecto a la no intervención de Tolosa, el TSJC subraya que los jueces y magistrados son "plenamente independientes" en el ejercicio de su actividad jurisdiccional y, por tanto, "cualquier indicación o instrucción acerca de la forma de su ejecución constituye una inadmisible injerencia en su ámbito de competencia exclusiva, contrario a las garantías constitucionales básicas para el ejercicio de la potestad jurisdiccional en un Estado de Derecho".

Asimismo, explica que aunque el Consejo General del Poder Judicial y los demás órganos de gobierno, incluidos los TSJ, tienen potestades de inspección y disciplinaria, se refieren sólo a la comprobación del funcionamiento de la administración de justicia y a la vigilancia de las obligaciones que incumben a los jueces y magistrados, y tienen "como límite" el respeto a la exclusividad de la función jurisdiccional.

"Por ello, los órganos de gobierno del Poder Judicial carecen de atribuciones para revisar el ejercicio de esa potestad jurisdiccional que por mandato constitucional corresponde en exclusiva a jueces y magistrados", asegura.

Por último, recuerda que la revisión de las actuaciones realizadas en el ejercicio de la potestad jurisdiccional "sólo es posible en nuestro sistema jurídico a través de los recursos que las leyes establezcan".