Madrid, 21 feb.- La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha apremiado hoy al juez Javier Gómez Bermúdez a que eleve ya al Tribunal Supremo (TS) la investigación sobre el senador de Bildu Iñaki Goioaga por un delito de colaboración con ETA al tratarse de un aforado, tal y como le reclamó el pasado 25 de noviembre.
En una providencia del 11 de diciembre, Bermúdez se negaba a acordar el procesamiento de los diez abogados investigados en la causa contra el colectivo de letrados de apoyo a la banda terrorista, "Halboka", entre los que destacan Arantza Zulueta y Jon Enparantza, y a elevar exposición razonada al TS sobre Goioaga hasta que Interior contestase a su petición de desclasificar documentos del CNI sobre este asunto.
El fiscal José Perals recurre ahora esta resolución del juez, que según fuentes fiscales les ha sido ahora notificada, señalando que ya había constancia en el procedimiento de "las escuchas telefónicas practicadas por el CNI", "pero dichas fuentes de investigación ni constituyen el origen del presente procedimiento ni se han practicado en un procedimiento penal, y ni siquiera jurisdiccional".
El fiscal recuerda que "las actividades de los agentes del CNI no están funcionalmente subordinadas al esclarecimiento de hechos con apariencia de delito, sino que su misión es facilitar al Gobierno" las informaciones tendentes a evitar cualquier peligro a los intereses nacionales.
Por tanto, considera que la incorporación o no de esa documentación al procedimiento "no es óbice para que continúe sin dilaciones injustificadas la marcha del procedimiento según sus trámites".
Indica además que la Fiscalía no se opuso en su momento a la petición que hizo en junio la defensa de los abogados imputados sobre la desclasificación de esos documentos secretos, ya que entendía que existía una conexión directa entre las intervenciones telefónicas y el delito de integración en ETA.
"La documental solicitada es una fuente de investigación más, pero no la única ni la más importante", insiste el fiscal, al entender que la decisión de la desclasificación "se adoptará por el Gobierno de la Nación en base a criterios ajenos al procedimiento penal y por ello no puede hacerse depender de ello la continuación de las actuaciones".
En noviembre, Perals solicitó a Gómez Bermúdez que remitiera al Supremo la investigación Goioaga y pedía el procesamiento de los diez abogados imputados por los delitos de integración o colaboración en ETA y, en algunos casos, por depósito de armas y explosivos.
Entre los abogados para los que pide el procesamiento destacan Arantza Zulueta, Jon María Enparantza -quienes volvieron a ingresar en prisión el pasado enero tras la operación contra el frente de cárceles de ETA o KT-, así como Iker Sarriegi, David Pla o Julen Celarain.
En cuanto a las pruebas contra Goioaga, el fiscal nombraba la declaración del etarra José Luis Gallastegui en la que manifiesta que en febrero de 2008 su amigo Goioaga quedó con él para concertarle una cita con ETA, así como la intervención de un documento denominado "Dionisio 805", el presunto alías del senador, al fallecido dirigente etarra Francisco Javier López Peña.
Para el fiscal, el denominado colectivo "Halboka" es "una estructura plenamente integrada en la banda terrorista ETA, que se dedica principalmente a la gestión de todo lo relacionado con los presos y expresos" de la banda.
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