Fiscalía no ve infracción penal en la contratación de asesores en Diputación y archiva diligencias

ALMERÍA, 05 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía ha acordado archivar las diligencias de investigación abiertas a raíz de la denuncia interpuesta por el PP de Almería al estimar que la contratación y la retribución acordada para los asesores del grupo socialista en la Diputación Provincial "quedan fuera del ámbito de la jurisdicción penal", por lo que no serían constitutivos de un delito de malversación de fondos, tal y como apuntó el portavoz popular en la institución, José Fernández Amador.

El escrito que suscribe el fiscal jefe, Juan Bautista Parra, al que tuvo acceso Europa Press, apunta que los hechos, que salieron a la luz pública en octubre de 2008 mediante un reportaje grabado con cámara oculta y difundido en 'Intereconomía' y la revista 'Época', no son constitutivo de infracción penal si bien concede que puede cuestionarse la actuación de la Diputación Provincial desde el punto de vista de la "gestión y la acción política" al tiempo que señala que el "reproche" competería a la vía contencioso-administrativa.

La denuncia interpuesta por el PP sostenía la carga de prueba en las declaraciones que el vídeo recogía de cinco cargos de confianza del equipo de gobierno en la Diputación, integrado por una coalición PSOE-PAL, en las que reconocían trabajar "liberados" para el partido pese a percibir la nómica con cargo a las arcas de la institución provincial y que derivó en el cese de tres de ellos, además de la baja como militante del partido del que ostentaba el cargo de director de Desarrollo Sostenible, Diego López.

El Ministerio Público considera que, de lo expuesto, lo que podría cuestionarse es si el número de efectivos que como personal eventual --un total de 70-- ha creado la actual corporación es "excesivo", si las funciones que desempeñan tienen o no contenido suficiente o si, en definitiva --ahonda-- está justificado el nombramiento de tantos directores sin función de gestión y asesores, que cobran con cargo a los fondos públicos.

No procedería, sin embargo, a juicio del fiscal jefe, llevar la responsabilidad que de lo anterior pudiera inferirse al ámbito penal ya que como actos que son de gestión y acción política "tienen mecanismos de control y eventual revisión en el ámbito de la propia administración o en la vía judicial contencioso-administrativo".

Al hilo de esto, la resolución, que adelanta hoy el diario 'La Voz de Almería', argumenta que la Diputación Provincial actuó dentro del ámbito de sus competencias y para el desarrollo de su acción política de gobierno al aprobar en número de 70 el personal no eventual y remarca que el acuerdo de pleno que dio viabilidad a la presupuestos "no tuvo voto en contra de los miembros de la corporación".

En el reportaje de 'Intereconomía' y 'Época', dos de los asesores cesados, Antonio Ortiz y Rosalía Gallardo, son localizados en los despachos de la agrupación socialista de Roquetas de Mar y el primero dice tener su cargo en Diputación "para estar liberado" ya que en la institución "no hace prácticamente nada". Por su parte, el ex concejal del Ayuntamiento de Almería Diego López, quien presentó su baja voluntaria, reconoce no tener "ni el grado A ni el grado B" de funcionario puesto que accedió "directamente" al haber sido concejal.