Junta acata la sentencia en el caso de Carmen Espejo y afirma que la preocupación es "prevenir lo más posible"

SEVILLA, 19 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Gobierno andaluz, Manuel Pérez Yruela, aseguró hoy que acata la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que dicta que la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social indemnice con 40.000 euros a Carmen Espejo, la madre a quien le fue retirada la custodia de sus dos hijas en el año 2000 y que no pudo recuperarla hasta 2006, así como 40.000 euros para cada una de sus hijas y 20.000 euros para la madre de Carmen y abuela de las menores.

En rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno andaluz, Pérez Yruela quiso dejar claro que "la mayor preocupación para la Junta es prevenir lo más posible y con la mayor capacidad posible que los menores puedan estar en situación de riesgo".

En este punto, el portavoz del Gobierno andaluz advirtió de que las medidas que se toman están "motivadas suficientemente por informes que podían dar suficientes argumentos para tomar una decisión", sin embargo, "luego, las situaciones cambian".

"La Junta acata la sentencia, pero siempre la previsión es lo más importante", concretó Pérez Yruela después de conocer que la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) --con sede en Sevilla-- haya dictaminado que la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social indemnice con 40.000 euros a Carmen Espejo, la madre a quien le fue retirada la custodia de sus dos hijas en el año 2000 y que no pudo recuperarla hasta 2006, así como 40.000 euros para cada una de sus hijas y 20.000 euros para la madre de Carmen y abuela de las menores.

La sentencia estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación jurídica de Carmen Espejo contra la resolución desestimatoria del departamento que dirige Micaela Navarro de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada el 25 de enero de 2006, por el que se pedía 1,8 millones de euros por los daños morales causados a la madre y a la abuela debido a la retirada irregular de las niñas.

Por otro lado, preguntado sobre cómo ve que algunos dirigentes políticos puedan mantener reuniones públicas con los padres de Marta del Castillo o Juan José Cortés, padre de Mari Luz; el portavoz del Gobierno andaluz advirtió de que cualquier ciudadano es "libre de hacer manifestaciones o recoger firmas, ya que estamos en una democracia abierta y no tenemos nada que comentar y que cada persona articule sus demandas como considere oportuno".