La decisión judicial encendió las críticas de la población y de políticos de la oposición que esperaban medidas cautelares más contundentes.
Mientras, Bachelet, que suspendió una visita al Cabo de Hornos agendada desde hace meses, se mantuvo alejada de la prensa.
"Se impone a la imputada Natalia Compagnon Soto la obligación de ir a firmar" cada mes, "la prohibición de salir del país y tomar contacto con los demás intervinientes del caso", dictaminó un tribunal que fijó en un año el tiempo destinado a investigar la causa.
En cambio, Mauricio Valero, el socio de Compagnon en la empresa Caval, que está siendo investigada por la compraventa supuestamente irregular de unos terrenos tendrá que permanecer en arresto domiciliario por un año.
En total, 13 personas están imputadas en la causa que involucra tráfico de influencias, delitos fiscales y sobornos.
El 'caso Caval', destapado hace un año, ha suscitado una enorme emoción en un país que hasta hace poco era mostrado como ejemplo en la región de transparencia y escasa corrupción.
La formalización de los cargos ha suscitado la ira de una parte de la población, que esperaba medidas más severas, como la prisión provisional para la nuera de la mandataria.
A la salida del tribunal Compagnon Soto tuvo que ser escoltada por las fuerzas de seguridad hasta el auto para no ser agredida por un grupo de gente que le gritaba "ladrona".
Durante toda la jornada el tema fue tendencia entre los internautas chilenos que condenaron las sanciones a Compagnon, la complicidad de su esposo y el silencio presidencial.
Además fustigaron las medidas cautelares con mensajes como el de Cata que publicó en Twitter: "#NataliaCompagnon qué chiste de condena, firma mensual y arraigo".
La decisión judicial tuvo inmediato eco en el gobierno, que mantuvo su discurso de destacar que la justicia funciona para todos los ciudadanos por igual.
"Nosotros no tenemos nada que ver respecto a las decisiones que toma el Poder Judicial, son dos poderes autónomos e independientes del Estado, eso lo saben todos. En consecuencia, no hay nada que nosotros como Gobierno podamos señalar a ese respecto", señaló el vocero del gobierno, Marcelo Díaz.
El tren de vida del hijo de la presidenta, Sebastián Dávalos -quien hasta el estallido del caso trabajaba (sin percibir salario) en el Palacio de La Moneda como responsable de la agenda social de su madre-, levantó las sospechas de la prensa.
Así, el semanario Qué Tal destapó en febrero del pasado año el caso de la compra-venta de 44 hectáreas efectuada por la empresa Caval en una operación que reportó a los dos socios unos cinco millones de dólares de ganancias, tras obtener un millonario préstamo del Banco de Chile.
Este caso ha hundido la popularidad de Bachelet, que ronda apenas el 20%, y ha dinamitado la confianza de la población en ella, que llegó al poder por segunda vez hace casi dos años con la promesa de combatir la corrupción.
Para el periodista y analista político Thomas Mosciatti el daño principal "ya está hecho y el juicio no golpea mucho más de lo que ya golpeó a la presidenta".
"La gente se forma una opinión por lo que siente" y ahora siente que Bachelet "no era tan impoluta" como creían, ya que le reprochan además de permitirle ventajas a Dávalos - incluyéndolo en el gobierno-, que siga sin clarificar el sistema de financiamiento político en Chile que registró serias irregularidades en los últimos años con políticos de derecha y de la coalición de izquierda implicados.
Con el telón de fondo de la ralentización de la economía, lastrada por la coyuntura internacional y la caída de los precios del cobre, principal exportación de Chile, la popularidad de Bachelet, que está en la mitad de su mandato, será medida en las urnas en octubre con ocasión de las elecciones municipales.
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