La Junta de Jueces de Santander se reserva "el derecho al ejercicio de medidas de presión", incluida la huelga

Aunque se han producido "algunos avances", muestra su preocupación por la falta de acuerdo actual sobre otras materias "esenciales"

SANTANDER, 28 (EUROPA PRESS)

La Junta de Jueces de Santander acordó hoy reservarse "el derecho al ejercicio de las medidas de presión" que se estimen oportunas, "incluyendo el ejercicio del derecho individual de huelga" si se mantuviera la convocatoria a tal fin formulada por la CIP para el próximo día 26 de junio de 2009 o por alguna de sus asociaciones componentes, "o en cualquier otra fecha que lo exigieran las circunstancias".

En una reunión celebrada a primera hora de esta tarde en la sede judicial de la calle Alta, la Junta adoptó este y otros acuerdos por unanimidad de los asistentes: 21 jueces de los 31 órganos unipersonales de la ciudad, teniendo en cuenta que algunos de estos órganos tienen vacante la plaza de titular.

La Junta, que reitera no obstante su apuesta por la negociación "como vía razonable de solución", destaca que aunque se han producido avances como el poder final de dirección judicial en materia de señalamientos, la incorporación de las nuevas tecnologías, o el diseño de un plan para formación de los funcionarios, entre otros, mantiene la preocupación "ante la falta de acuerdo actual sobre otras materias esenciales" que constituyen también el "grueso" de la reivindicación.

Al respecto, precisa que aunque las reivindicaciones formuladas suponen una "reforma importante" del sistema, por lo que no espera "un rápido desenlace y resultado", sí demandan "una voluntad política real sobre unas bases rigurosas que permitan que las reformas sean visibles a corto y medio plazo".

Así, insisten en la necesidad de que el control de los señalamientos siga siendo del juez a través de un sistema "de simple y sencilla utilización"; que las reformas procesales no desplacen competencias tradicionalmente jurisdiccionales y que se presenten las apropiadas para reducir la litigiosidad actual; o que la inversión en el servicio público esencial de la administración de justicia se acomode a la media europea del PIB.

Demandan igualmente que se creen 300 plazas anuales de jueces hasta conseguir la adecuación con la media europea de juez por habitante, lo que deberá ir acompañado de la creación del número proporcional de unidades judiciales; que se defina un plan general que permita la conciliación de la vida laboral y familiar y que las sustituciones entre titulares conlleven, desde el primer día, el abono de la retribución justa adecuada a la parte proporcional del sueldo correspondiente al tiempo de la sustitución.

Igualmente, mantienen sus "reservas" sobre el resultado final de los trabajos sobre definición por el CGPJ de la carga de trabajo de los órganos judiciales, entendiendo en todo caso "que nunca deberán confundirse con los módulos de resolución y que en modo alguno deberán tener una visión productivista de la función judicial". MOVIMIENTO REIVINDICATIVO

La Junta de Jueces considera que el movimiento reivindicativo que nació el 8 de octubre de 2008 en el seno de la carrera judicial "ha supuesto y sigue constituyendo un motor indispensable para lograr la reforma integral que necesita la Administración de Justicia, como servicio público esencial de la comunidad" y por ello reitera, "por válidos", los acuerdos alcanzados en las juntas generales de jueces de Santander de 21 de octubre y 21 de noviembre y en la junta autonómica de 21 de enero de 2009.

Considera además que los actos públicos de reivindicación y protesta del día 18 de febrero de 2009 "y el ejercicio, incluso, del derecho individual a la huelga de muchos" de los jueces, introdujeron "un elemento esencial de dinamización de la negociación, una seria advertencia de la realidad e importancia de la situación de la Administración de Justicia en España y la exigencia de la necesaria voluntad político-institucional para cimentar de inmediato, y sin más excusas, las bases de su reforma".

Así, ratifica su voluntad de mantener, por su vigencia, el texto reivindicativo aprobado en junta autonómica de jueces de 21 de enero de 2009 -coincidente con el aprobado por la CIP en su reunión de 12 de enero de 2009-.

En consecuencia, y expresando su vocación "de mantener viva" la posición reivindicativa, la Junta acuerda reservarse el derecho al ejercicio de las medidas de presión que se estimen oportunas "en atención a las circunstancias", incluyendo el ejercicio del derecho individual de huelga si se mantuviera la convocatoria a tal fin formulada por la CIP para el próximo día 26 de junio de 2009 o por alguna de sus asociaciones componentes, "o en cualquier otra fecha que lo exigieran las circunstancias".