Ordenan a Gobierno mexicano indemnizar a indígena encarcelada injustamente

  • Un tribunal mexicano ordenó hoy al Gobierno indemnizar a la indígena Jacinta Francisco por los tres años que estuvo encarcelada injustamente, acusada de secuestrar a seis policías.

México, 28 may.- Un tribunal mexicano ordenó hoy al Gobierno indemnizar a la indígena Jacinta Francisco por los tres años que estuvo encarcelada injustamente, acusada de secuestrar a seis policías.

Con ocho votos a favor y dos en contra, la sala superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) falló a favor de que la Procuraduría General de la República (PGR) repare el daño patrimonial y moral causado a Francisco porque "hizo mal su trabajo".

Así, la institución deberá pagar una suma de dinero que no fue precisada y hacer un "reconocimiento público de su inocencia" por "los delitos que fue indebidamente acusada".

Esta mujer de la etnia otomí, del central estado de Guerrero, fue detenida en 2006 por el supuesto secuestro de seis agentes federales y liberada en 2009, luego de que la fiscalía desistiera de su acusación porque no logró corroborar los indicios en su contra.

Su excarcelación se produjo después de que su caso llamara la atención de Amnistía Internacional, que la declaró presa de conciencia, y del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), que le dio asistencia jurídica después de haber sido condenada a 21 años de prisión.

Ella y otras dos mujeres, Alberta Alcántara y Teresa González, fueron señaladas por seis policías de la hoy extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI) como responsables de su secuestro cuando realizaban un operativo contra la piratería en un mercado del pueblo de Santiago Mexquititlán.

Los agentes causaron destrozos durante el operativo, lo que llevó a un grupo de vendedores a retenerlos hasta que pagaron por los daños.

La fiscalía tiene 10 días hábiles a partir de su notificación para aceptar el fallo judicial en sus términos o interponer un recurso de revisión, explicó a Efe el abogado Luis Tapia Olivares, del equipo defensor de la indígena y quien confió en que esta vez acate la sentencia.

Recordó que en el caso de Alcántara y González la fiscalía no aceptó un fallo similar del TFJFA, por lo que sigue sin resolverse.

"La PGR ha dicho que protege los derechos humanos, pero en la realidad no lo hace. No acepta que son inocentes de los cargos que les imputaron", afirmó el abogado del centro Prodh, quien consideró importante conocer la opinión del fiscal Jesús Murillo sobre la sentencia.

Por su parte, Andrés Díaz, también del centro Prodh, dijo que lo más importante del fallo es que sienta jurisprudencia en los casos de personas acusadas "de delitos que no cometieron", pues establece que el Estado tiene que pagar cada vez que comete estos abusos.

Más que el resarcimiento económico, la disculpa pública es muy importante para un Gobierno que se resiste a reconocer la existencia de un sistema que fabrica "casos y culpables". "No son casos aislados", se trata de un "patrón", declaró a una emisora de radio local.

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