Asunción, 8 abr.- Cinco campesinos paraguayos detenidos por intento de homicidio por una matanza en 2012 pondrían fin a una huelga de hambre que hoy cumple 54 días si un juez sustituye su prisión preventiva por arresto domiciliario en una audiencia el miércoles, dijo a Efe su abogado, Vicente Morales.
En la sesión en el tribunal de la localidad de Salto del Guairá, departamento de Canindeyú, la defensa pedirá su traslado a sus domicilios porque su vida está en riesgo y porque ya cumplen más de un año y nueve meses de prisión preventiva, explicó Morales.
Además, destacará que otros seis campesinos también acusados de delitos vinculados con la matanza ya cumplen arresto domiciliario, sin que haya habido problemas.
Si el juez accede a la petición en la audiencia, a la que no asistirán los cinco campesinos, estos serían trasladados del hospital militar donde están recluidos a un hospital civil para reponerse y posteriormente irían a sus domicilios en el departamento de Canindeyú, dijo Morales.
"Han dicho que levantarían la huelga si se les concede el arresto domiciliario", informó.
En ese caso, un grupo de personas firmaría como garante de la fianza, aunque no tendría que desembolsar su valor a menos que los campesinos rompieran las condiciones impuestas por el juez.
Avanza País, un partido de izquierda, informó hoy que la diputada Rocío Casco sería una de las fiadoras.
Los labriegos iniciaron su huelga de hambre para exigir su puesta en libertad y que se determine la titularidad de las tierras en el conflicto que llevó a la matanza, que dejó 17 muertos y que causó la destitución del entonces presidente, Fernando Lugo.
Los campesinos se encuentran en un hospital militar, a donde fueron trasladados el pasado fin de semana desde el penal asunceno de Tacumbú debido a su delicada situación de salud.
El Ministerio de Justicia informó hoy que "cualquier persona que acredite vínculo familiar, profesional legal o médico" podrá visitarlos en el hospital, y que un familiar pasará la noche con ellos en cada habitación.
Los labriegos están acusados de tentativa de homicidio, asociación criminal e invasión de inmueble ajeno, junto con los otros seis labriegos que están en arresto domiciliario.
Esas personas son los únicas imputadas por la Fiscalía de Paraguay por delitos vinculados con la muerte de once de sus compañeros y familiares y seis policías durante el desalojo de una protesta en una zona rural de la ciudad de Curuguaty, a unos 250 kilómetros al este de Asunción.
La defensa ha solicitado medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el argumento de que el proceso contra los labriegos "está plagado de irregularidades".
La defensa alega, entre otras cosas, que durante la investigación desaparecieron pruebas como casquillos de balas de armas automáticas, que demostraban, en su opinión, que los disparos contra la Policía no procedieron de las escopetas de los labriegos.
La petición a la CIDH está respaldada por entidades internacionales como la organización no gubernamental Oxfam, la Fundación Internacional Baltasar Garzón, que encabeza el exjuez español, el Instituto de Estudios Políticos para América latina y África (IEPALA) y la Cátedra Unesco de Sostenibilidad y Derechos Humanos de la Universidad Politécnica de Cataluña.
La defensa pidió a la CIDH la suspensión del juicio, convocado para el 26 de junio, hasta que se determine la titularidad de las tierras en disputa.
Morales indicó que no se les puede acusar de invadir un inmueble ajeno si no está claro a quién pertenece.
Los terrenos de Marina Cué, la estancia de Curuguaty donde ocurrió la matanza, son disputados por el Estado y la empresa Campos Morombí desde hace casi una década.
La firma pertenece a la familia del fallecido Blas Riquelme, quien fue un importante funcionario del Partido Colorado, la formación del actual presidente de Paraguay, Horacio Cartes.
Los campesinos invadieron las tierras para forzar su vuelta al Estado y que formaran parte de la reforma agraria.
Una semana después de la masacre, ocurrida en junio de 2012, el Parlamento paraguayo destituyó a Lugo, tras un controvertido juicio político y nombró como presidente a Federico Franco, del Partido Liberal, hasta ese momento aliado de Gobierno.
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