Queda en libertad tras cumplir pena el médico condenado por injuriar a Correa

Quito, 17 ene.- El médico Carlos Figueroa, condenado junto al opositor Cléver Jiménez y su asesor, Fernando Villavicencio, por injuriar al presidente de Ecuador, Rafael Correa, recuperó hoy la libertad tras cumplir una condena de seis meses de prisión, informaron medios locales.

Según el diario El Comercio, Figueroa dijo en las afueras de la cárcel que "el haber permanecido seis meses en prisión lo ha fortalecido para continuar luchado contra las injusticias, ratificó que su condena fue política y anunció acciones legales de carácter internacional contra el Estado".

Asimismo, Julio César Sarango, abogado de Figueroa, aseguró que impulsarán una demanda internacional pues el Gobierno no respetó las medidas cautelares que le otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), añadió el rotativo.

En julio pasado, el Ministerio del Interior informó en un mensaje en la red social Twitter sobre la detención de Figueroa en el norte de Quito.

"Esto no es justicia. Aquí no hay justicia. Aquí en el Ecuador no hay justicia. Solo para eso utilizan la justicia: para encarcelar a gente honesta", dijo entonces Figueroa a los periodistas tras ser detenido.

El arrestado, quien explicó en julio que había ido a visitar a su ahora fallecida madre, enferma entonces de cáncer terminal, aseguró que no se entregó, sino que lo detuvieron.

Jiménez y Villavicencio, cuyo paradero es desconocido, fueron sentenciados a dieciocho meses de cárcel y Figueroa a seis por lanzar acusaciones contra Correa, sin pruebas, en relación con los hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2010.

Ese día, el gobernante estuvo retenido durante varias horas en un hospital de Quito en medio de una revuelta policial que el Gobierno considera un intento de golpe de Estado.

Los condenados lo acusaron ante la Fiscalía de haberse trasladado a las instalaciones de una universidad para planear su rescate y regresar luego al hospital para ser liberado.

La CIDH, a la que acudieron los condenados, les otorgó medidas cautelares y reclamó al Estado ecuatoriano la suspensión de la ejecución de la condena, pero el Gobierno argumentó que el organismo no tiene competencia para hacer esta exigencia.

La comunidad indígena de Sarayaku, en la provincia amazónica de Pastaza decidió proteger a los imputados en virtud de las medidas de la CIDH, aunque en mayo pasado sus dirigentes aseguraron que los condenados ya no se encontraban en la zona.