Tegucigalpa, 29 ene.- La sala especial de lo Constitucional de Honduras rechazó hoy por mayoría el amparo presentado por los magistrados destituidos por el Parlamento, por lo que el caso deberá ser resuelto por el pleno del Supremo, informó una fuente judicial.
De los cinco magistrados de la sala especial de lo Constitucional, cuatro votaron en contra del amparo, mientras que uno lo hizo a favor, dijo escuetamente a Efe el portavoz de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, Melvin Duarte.
El magistrado presidente de la Corte Suprema, Jorge Rivera, sus colegas, Raúl Antonio Henríquez, José Tomás Arita, Danery Antonio Medal y el abogado José Antonio Mejía integran la sala especial.
"Ellos (los magistrados) tomaron esa decisión porque consideran que la sala (Constitucional) no tiene competencia para conocer el amparo", explicó.
Los jueces destituidos el pasado 12 de diciembre, por declarar inconstitucionales unas pruebas orientadas a depurar la Policía Nacional, son Rosalinda Cruz, José Francisco Ruiz, José Antonio Navas y Gustavo Enrique Bustillo.
Ese mismo día fueron sustituidos por Silvia Trinidad Santos, Germán Vicente García, José Elmer Lizardo y Víctor Manuel Lozano, quienes integran la sala de lo Constitucional que preside Óscar Chinchilla.
Duarte indicó que los jueces de la sala especial, que este martes se reunieron, rechazaron por mayoría "la admisión" del amparo y lo "remitieron" al pleno de la Corte Suprema que la próxima semana se reunirá para resolver el caso.
Los destituidos han expresado que la solución a esta crisis pasa por su restitución mediante una rectificación del Parlamento o la admisión del amparo con la anulación de la aprobación parlamentaria.
Los magistrados nombrados por el Parlamento en la Sala de lo Constitucional siguen evacuando casos con toda la validez del caso.
La destitución de los magistrados ha causado el rechazo de varios sectores sociales contra el Gobierno que preside Porfirio Lobo y el Parlamento hondureño.
Los destituidos han pedido a la relatora de las Naciones Unidas sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, Gabriela Knaul, que atienda "con urgencia" su caso y que visite Honduras.
Knaul expresó este martes en Ginebra "su seria preocupación" ante la destitución de los cuatro magistrados, porque representa "un grave atentado a la democracia en Honduras".
En su opinión, la destitución de los magistrados no respetó las normas internacionales que garantizan el derecho a un juicio justo y al debido proceso legal, ni el marco jurídico establecido en los artículos 82, 90, 94, 314 y 317 de la Constitución hondureña.
"Los jueces pueden ser destituidos únicamente por razones graves de mala conducta o incompetencia, tras un procedimiento que cumpla con el debido proceso y las garantías de un juicio justo y que también prevea una revisión independiente de la decisión", subrayó la relatora especial.
Además, indicó que el "uso indebido de un procedimiento disciplinario como mecanismo de represalia contra los jueces independientes es inaceptable".
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