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Conde-Pumpido no apoyaría investigar Guantánamo

MADRID (Reuters) - El Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, dijo el jueves que no recomendaría una investigación judicial contra seis miembros de la Administración Bush por la tortura de detenidos en la prisión militar mantenida por Estados Unidos en la bahía de Guantánamo.

La querella contra los miembros del anterior gobierno estadounidense, entre los que se encuentra el ex fiscal general Alberto Gonzales, se centraría probablemente en si violaron las leyes internacionales al ofrecer una justificación legal a la tortura.

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que se hizo famoso en todo el mundo por emitir una orden de arresto contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet, había solicitado la opinión de la Fiscalía General sobre la investigación de ex altos cargos estadounidenses en un caso abierto tras la querella presentada por un grupo de abogados defensores de derechos humanos.

"No podemos apoyar esa acción", dijo a los asistentes a un acto en Madrid.

"Si se actúa por un delito de maltrato a los prisioneros de guerra, la denuncia debería ir contra los autores materiales", dijo Conde Pumpido.

Cuando se le preguntó por el caso, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo a la CNN en español: "Creo profundamente que es importante mirar hacia delante y no hacia atrás, y recordarnos a nosotros mismos que tenemos amenazas de seguridad muy reales".

Obama recordó que desde que asumió el cargo en enero ha ordenado el cierre de Guantánamo y puesto fin a los métodos de interrogación utilizados durante el mandato de su predecesor, George W. Bush.

El presidente norteamericano declaró que no había tenido contacto directo con el Gobierno español sobre el caso pero "mi equipo ha estado en comunicación con ellos".

Pese a que la opinión de Conde Pumpido reduce las posibilidades de que Garzón continúe con su investigación, el magistrado podría seguir adelante de igual forma. La Fiscalía también le aconsejó no intentar la extradición de Augusto Pinochet, lo que no le impidió continuar con su intento, aunque finalmente no tuvo éxito.

TORTURADOS

La legislación española permite tener jurisdicción en el caso porque cinco españoles o residentes españoles que permanecieron encarcelados en Guantánamo dijeron que fueron torturados allí.

"El fiscal general lo que ha hecho es una manifestación de carácter politico en un tema que es netamente jurídico", indicó el abogado Gonzalo Boye, miembro de la Asociación para la Dignidad de los Prisioneros, que presentó la querella en el juzgado de Garzón.

Boye dijo a Reuters que esperaba que Garzón siguiera adelante y que incluso el caso pudiera llegar a los tribunales de EEUU.

"De acuerdo a las normas reguladoras del convenio internacional contra la tortura, Estados Unidos tendría que tomar posiciones, entregar a esta gente o enjuiciarla" dijo Boye.

"Yo creo que estamos en otra era en Estados Unidos. Por lo menos eso es lo que quise entender del discurso del señor (presidente) Obama".

En uno de sus primeros actos como presidente, Obama dio de plazo un año para la clausura de la prisión cubana, creada para retener a los extranjeros acusados de terrorismo después de la invasión estadounidense de Afganistán para derrocar a Al Qaeda. Alrededor de 245 personas siguen retenidas en la prisión.

En el caso de que Garzón cite a alguno de los afectados para testificar, y no se presente en la Audiencia Nacional en Madrid, se podrían enfrentar a órdenes internacionales de arresto como la que llevó a la detención de Pinochet mientras visitaba el Reino Unido en 1998.

Los otros estadounidenses que aparecen en la demanda son William Haynes II, ex asesor general del Departamento de Defensa; Jay Bybee, ex jefe de Yoo en la oficina de asesoría legal del Departamento de Justicia; y David Addington, jefe del Estado Mayor y asesor legal del ex vicepresidente Dick Cheney.