Lima, 19 sep.- El Gobierno de Perú prolongó hoy el estado de emergencia por dos meses en varias provincias selváticas del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), donde opera el narcotráfico y Sendero Luminoso, así como en el distrito cuzqueño de Echárate, escenario de un conflicto social en las últimas semanas.
Mediante un decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano, el estado de excepción se mantendrá en las provincias y distritos afectados por 60 días más para "consolidar la pacificación" en estas zonas del país.
El nuevo periodo de excepción comenzará el lunes 22 de septiembre para los territorios del VRAEM, una amplia y escarpada extensión de selva montañosa donde se encuentran la mayoría de los cultivos ilegales de hoja de coca del país y los campamentos del remanente de Sendero Luminoso.
La presencia del narcotráfico y del grupo armado obliga al Gobierno peruano a prolongar periódicamente el estado de emergencia, extendido durante los últimos años a petición del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Las provincias selváticas del VRAEM afectadas en esta ocasión son Huanta y La Mar, en la región de Ayacucho, Tayacaja, localizada en la región de Huancavelica, y Satipo, ubicada en la región de Junín.
En Junín también se incluyeron los distritos de Andamarca, Comas, Santo Domingo de Acobamba y Parihuanca, mientras que en la región de Cuzco se encuentran los distritos de Kimbiri, Pichari y Vilcabamba.
En el caso del distrito de Echárate, perteneciente a la provincia cuzqueña de La Convención, la prolongación del estado de emergencia entrará en vigencia el 28 de septiembre "a fin de asegurar la paz" en la zona, tras las protestas sociales contra la construcción de un gasoducto que se cobraron dos muertos en las últimas semanas.
Las protestas cesaron desde que la semana pasada se creó una mesa de diálogo entre las autoridades locales y representantes gubernamentales del Estado, liderados por el Ministerio de Agricultura.
En ambos casos el estado de emergencia implica que "las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno", además de la supresión de derechos constitucionales como la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito.
El pasado 11 de septiembre, el Estado peruano también decretó por 60 días el estado de emergencia en los distritos amazónicos de Ramón Castilla y Yavarí, en la región amazónica de Loreto, para combatir el "creciente" narcotráfico que actúa en las zonas de selva colindantes con las fronteras de Brasil y Colombia.
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