AI solicita que se conmute la inminente ejecución de una joven por un delito cometido siendo menor de edad

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Amnistía Internacional (AI) ha advertido de que las autoridades iraníes han fijado entre hoy y el próximo lunes 20 la ejecución de la joven de 22 años Delara Darabi por un delito de asesinato que cometió cuando tenía 17 años y por lo tanto era menor de edad, según informa Amnistía, que ha solicitado que la sentencia sea conmutada de forma inmediata al contravenir los tratados de protección de los derechos de los menores, de los cuales Irán forma parte.

Amnistía recuerda a las autoridades de Teherán que Irán es Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención sobre los Derechos del Niño, que son acuerdos que prohíben el uso de la pena de muerte contra personas declaradas culpables de delitos cometidos cuando eran menores de 18 años.

Según el diario iraní 'Etemad', la fecha de la ejecución habría quedado fijada para hoy. Otras fuentes citadas por Amnistía apuntan a que la ejecución tendría lugar el próximo lunes 20.

El suceso tuvo lugar en septiembre de 2003, cuando Darabi, que tenía entonces 17 años y su novio, Amir Hossein Sotoudeh, de 19, entraron a robar en casa de una prima del padre de ella, Mahin, de 58 años. Según parece, Amir Hossein mató a la mujer durante el robo. Darabi confesó al principio el asesinato para evitar que su novio fuera ejecutado, pues él le había dicho que, como ella tenía 17 años, no podían ejecutarla, pero posteriormente se retractó de su confesión.

De este modo, la organización pro Derechos Humanos ha solicitado la intervención inmediata de la Magistratura iraní dado que la única forma de anular actualmente la ejecución es que la familia de la víctima, una pariente de la joven, todavía duda si aceptar o no una compensación económica o 'diyeh' (dinero de sangre). Uno de los familiares, apunta Amnistía, todavía se encuentra indeciso, por lo que el proceso para la ejecución de la joven todavía sigue su curso.

PROCESO IRREGULAR

Darabi fue condenada inicialmente a muerte por la Sección 10 del Tribunal General de Rasht el 27 de febrero de 2005. Un año después, el Tribunal Supremo encontró "deficiencias" en la causa y la remitió a un tribunal de menores de Rasht para que se celebrara un nuevo juicio.

Tras dos sesiones judiciales celebradas en enero y junio de 2006, Darabi fue condenada a muerte por segunda vez por el Tribunal General de Rasht. Junto a ella fue condenado Amir Hossein, en su caso a 10 años de prisión por complicidad en el asesinato. Ambos fueron condenados también a tres años de prisión y a recibir 50 latigazos por "relación ilícita". El Tribunal Supremo confirmó la condena de muerte de Delara Darabi el 16 de enero de 2007.

En marzo de 2007, el abogado de Delara Darabi presentó un recurso contra la condena de muerte. El Tribunal Supremo confirmó la condena en una nueva revisión ese mismo año. El caso fue trasladado posteriormente al presidente de la Magistratura para someterlo a su consideración pero nuevamente, y según Amnistía, se detectaron irregularidades en el procedimiento por lo que la causa fue devuelta al Tribunal General de Rasht para que se volviera a revisar.

En febrero de 2008, el abogado de Derechos Humanos Mohammad Mostafaie visitó a Darabi en la cárcel. Al parecer se hallaba muy deprimida, y dijo al letrado que estaba cansada de esperar y de su insoportable vida en prisión.

42 EJECUCIONES SIMILARES EN MENOS DE 20 AÑOS

Según cifras manejadas por Amnistía Internacional Irán ha ejecutado al menos a 42 personas por delitos cometidos cuando eran menores de edad desde 1990, ocho de ellas en 2008 y una el 21 de enero de 2009.

La ejecución de personas menores de 18 años en el momento del delito, recuerda AI, está prohibida por el Derecho Internacional, en concreto por el artículo 6.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por la Convención sobre los Derechos del Niño, tratados de los que Irán forma parte.

Según Amnistía, las personas condenadas por asesinato en Irán no tienen derecho a pedir un indulto ni la conmutación de la pena al Estado, lo que constituye "una violación del artículo 6.4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos", según la organización.