La Asociación de Derechos Humanos denuncia "semiesclavitud" en cárceles españolas

  • Sevilla, 26 may (EFE).- La Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía ha denunciado hoy la situación de "semiesclavitud" y las irregularidades laborales en los centros penitenciarios españoles, según varias sentencias de Juzgados de lo Social, confirmadas por el TSJA.

La Asociación de Derechos Humanos denuncia "semiesclavitud" en cárceles españolas

La Asociación de Derechos Humanos denuncia "semiesclavitud" en cárceles españolas

Sevilla, 26 may (EFE).- La Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía ha denunciado hoy la situación de "semiesclavitud" y las irregularidades laborales en los centros penitenciarios españoles, según varias sentencias de Juzgados de lo Social, confirmadas por el TSJA.

Estas irregularidades consisten en la aplicación de criterios económicos inferiores a la media, ya que la retribución que perciben los reclusos por el trabajo que desempeñan en prisión "no se ajusta ni toma como referencia el salario mínimo interprofesional", ha denunciado el coordinador andaluz del Área de Cárceles de la asociación, Valentín J. Aguilar.

Según este sistema, algunos de los presos que trabajan en los centros penitenciarios han llegado a percibir hasta 0,57 euros por hora trabajada, incumpliéndose así la resolución de 26 de enero de 2009 que establece la retribución mínima en 2,55 euros por hora.

Además, la Asociación pro Derechos Humanos ha asegurado que no se abonan las horas extraordinarias y que los trabajadores no pueden acogerse a la cobertura de incapacidad temporal.

En la actualidad, de los 65.700 presos españoles dependientes del Ministerio del Interior, 11.500 realizan actividades laborales retribuidas en el interior de las prisiones, un tercio de ellos para empresas privadas externas.

Por otra parte, Valentín J. Aguilar ha informado hoy en una rueda de prensa celebrada en Sevilla de que varias sentencias de los Juzgados de lo Social de Córdoba y Málaga han declarado ilegal el cobro de la comida en prisión a los presos que disponen de pensiones no contributivas (situadas en 336,33 euros para ciudadanos con minusvalía superior al 65 por ciento o con 65 años y que carecen de recursos).

La Administración Autonómica andaluza se amparaba para dicho cobro en una sentencia del Tribunal Supremo del año 2000, que consideraba que el coste de manutención de los pensionistas que ingresan en centros penitenciarios era un ingreso computable a descontar del importe de la pensión.

Tras varias sentencias, la Junta de Andalucía informó al Defensor del Pueblo, mediante un escrito oficial con fecha de 2008, del cambio de criterio según el cual dejará de realizar dicho cobro, aunque desde la Asociación han criticado que se trata tan sólo de un "cambio de criterio formal", ya que aún "no está aplicado al cien por cien".