Duterte insta a la Policía a matar a sospechosos solo en casos que sean estrictamente necesario

Duterte, que se enfrenta a las críticas más duras que ha sufrido hasta el momento desde que iniciara su polémica --aunque popular-- ofensiva, ha dicho que no puede justificar la ejecución del adolescente que tuvo lugar hace una semana, y ha añadido que el policía responsable no había seguido las instrucciones marcadas y, por lo tanto, se enfrentará a la Justicia.

El líder filipino defendió de forma activa una campaña que ha matado a miles de filipinos y, de hecho, confiesa haber matado a delincuentes durante su etapa como alcalde de Davao.

Sin embargo, con sus últimos comentarios se ha desmarcado de la retórica belicista que, según las voces críticas, ha sido la que ha contribuido a crear en el país una cultura de impunidad en la que se ha respaldado la Policía a la hora de ejecutar a cualquier sospechoso. La Policía lo niega.

"No se puede matar a una persona que está de rodillas suplicando por su vida. Eso es asesinato", ha declarado Duterte, que también ha explicado que cuando lanza directrices acerca de las detenciones que se llevan a cabo se refiere únicamente a lo concerniente al proceso de detención del sospechoso. "Si luego opone resistencia violenta, los policías tienen que defenderse", ha añadido.

Kian Loyd Delos Santos, de 17 años, forma parte de las más de 90 personas que han sido ejecutadas en tres días en los que se han intensificado el número de operaciones policiales, en uno de los capítulos más sangrientos de una campaña que ha alarmado a la comunidad internacional.

El material aportado por una cámara de seguridad mostraba a un hombre, que coincidía con la descripción de la víctima, mientras era detenido por policías vestidos de paisano y conducido en dirección a un callejón en el que fue encontrado muerto. La Policía argumentó que se trataba de un mensajero que llevaba drogas, pero su familia insistió en que el joven no iba armado, era inocente y fue asesinado.

Su muerte ha atraído una enorme atención local, con la oposición exigiendo que las muertes paren y con las iglesias oponiéndose a este derramamiento de sangre protagonizando actos de protesta como el llevado a cabo durante una marcha nocturna que estuvo guiada por el ruido de campanas. Se han producido varias manifestaciones, la última este miércoles durante la celebración de un pequeño mitin fuera de la sede de la Policía.

Duterte se ha comprometido en repetidas ocasiones a indultar a los policías acusados por abusos durante su campaña contra las drogas, pero este miércoles ha dicho que no habrá ningún tipo de protección para aquellos que rompieron las reglas establecidas.

"Dejen que seamos claros con este asunto. He dicho que protegeré a quienes están cumpliendo con su deber. Nunca prometí proteger a aquellos que se supone que están comprometidos con su deber y, sin embargo, cometen un crimen", ha declarado, a lo que ha sumado que los abusos "no pueden permitirse".

La condena a la guerra contra las drogas, que ha desarrollado Duterte y que dura ya 14 meses, ha llegado principalmente por parte de grupos defensores de los Derechos Humanos, opositores políticos y voces críticas procedentes del extranjero. Mientras gran parte de los filipinos apoyan la campaña porque comparten la postura del Gobierno que defiende que la eliminación de las drogas está convirtiendo las calles en lugares más seguros.

Los críticos sostienen que Duterte está ignorando conscientemente estos abusos sistemáticos y que, además, los está encubriendo al aceptar y no cuestionar en ningún momento el argumento al que se está acogiendo un importante sector de los policías cada vez que se produce un caso similar: las víctimas eran traficantes de drogas que se habían resistido violentamente a la detención.

"No voy a cambiar mi política, habrá una guerra contra las drogas porque tengo que proteger a la gente (...) He jurado defender y proteger la República", ha señalado.