Ex concejal urbanismo de Palma será juzgado a partir del 14 de septiembre por malversar fondos en clubes alterne

La defensa atribuye los hechos a su adicción a la cocaína, cuyos efectos "le impedían reprimirse en la realización de los gastos"

PALMA DE MALLORCA, 24 (EUROPA PRESS)

El ex concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Palma, Javier Rodrigo de Santos, se sentará en el banquillo de los acusados a partir del 14 de septiembre para ser juzgado por un tribunal popular en el marco del juicio que se celebrará en la Audiencia Provincial por la presunta malversación de 50.804 euros procedentes de las arcas públicas, y que entre 2006 y 2007 efectuó el ex edil en clubes de alterne masculinos y casas de masajes.

En concreto, el Ministerio Fiscal solicita para el ex regidor del PP cinco años de prisión por un delito continuado de malversación de caudales públicos, así como su inhabilitación absoluta por un periodo de nueve años, tal y como relata en su escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press y en el que recuerda que cuando el encausado tuvo conocimiento de la existencia del procedimiento judicial reintegró al Consistorio la cantidad desviada.

En este sentido, la defensa de De Santos, ejercida por el abogado José Ignacio Herrero, alega como atenuante la reparación del daño producido, además de haber actuado así debido a su "grave" adicción a la cocaína y haber procedido, antes de conocer que el proceso judicial se dirigía contra él, a confesar la infracción ante las autoridades.

La acusación pública postula que cuando el acusado era concejal y presidente de la Empresa Municipal de Obras y proyectos Urbanos (EMOP), se aprovechó de ello para realizar "en su exclusivo beneficio particular" gastos privados mediante una tarjeta Visa municipal, entre ellos 48.817 euros en una casa de masajes, 880 en un club de alterne y 350 en una sauna, efectuados entre las 12.00 y las 7.00 horas -fuera del horario de su función pública-.

Así, en el local de masajes Casa Alfredo el encausado efectuó un total abonó entre enero y octubre 28.468 euros, que enmascaró como servicios de 'consulting de relaciones públicas y asesoramiento de imagen' para evitar reparos de los servicios de intervención municipales, pese a que este extremo es negado por su abogado, al afirmar que De Santos no indicó que estos gastos constasen bajo esta denominación sino que lo realizó la gerente del EMOP, con posterioridad a que fuese cesado en su cargo.

Asimismo, la Fiscalía indica que en el mismo local De Santos realizó otros consumos y gastos bajo la denominación de Lavandería Miele -que guarda vinculación con Alfredo Gómez, propietario tanto de este negocio como de Casa Alfredo-, donde contrató servicios de enero a junio de 2007 por 20.349 euros. Asimismo, también en Casa Alfredo y bajo la denominación de Deyan Delchev -encargado del local- gastó 1.330 euros.

Otros de los locales donde De Santos presuntamente malversó fondos públicos fue el club de alterne Prometeo, por 880 euros, mientras que en el local de sauna Sabiniano Gómez abonó 350 euros. El Ministerio Público añade que otros gastos de carácter privado fueron los efectuados en el SYP de Portitxol por 17,4 euros y El Corte Inglés -289,3 euros-.

ADICCIÓN A LA COCAÍNA

No obstante, frente a las acusaciones de la Fiscalía, el letrado de De Santos defiende en su escrito que su patrocinado realizó los hechos debido a su adicción a la cocaína, sustancia de la que era dependiente cuando ocurrieron y que producía "un menoscabo importante" de su capacidad volitiva, lo que "le impedía reprimirse en la realización de los gastos".

Además, niega que el reo devolviese la cantidad defraudada y reconociese los hechos cuando tuvo conocimiento de la existencia del procedimiento judicial, que aún no se había iniciado, y subraya que fue reintegrado todo su importe, "siendo mayor al efectivamente defraudado". Una devolución que, asevera, supuso "un gran esfuerzo económico" para su patrocinado dado que "tiene cinco hijos que mantener".

Así las cosas, el abogado considera que la pena a imponer deben ser un año y dos meses de prisión, además de tres euros diarios de multa durante un mes y su inhabilitación absoluta por año y medio.

Cabe recordar que De Santos también está encausado en un proceso por presuntos abusos sexuales a menores, por los que la Fiscalía pide 24 años y tres meses de cárcel por cuatro presuntos delitos de abuso sexual, dos contra la salud pública y un último de corrupción de menores o alternativamente otro contra la integridad moral.

Es por esta causa por la que De Santos abandonó el pasado 30 de marzo la cárcel de Palma, en la que se encontraba de forma preventiva desde el pasado 27 de junio. Este caso está pendiente de que se dicte un auto de apertura de juicio oral, mientras que, por otro lado, el ex concejal también está inculpado en un tercer procedimiento, relacionado con supuestas irregularidades cometidas en la adquisición del castillo de juegos infantiles de Sa Riera y aún en fase de instrucción.