Asunción, 23 may.- La Fiscalía de Paraguay imputó hoy a diez personas, incluidos dos exministros paraguayos y dos empresarios españoles, por la "compra irregular" de helicópteros que causó un "perjuicio patrimonial" en torno a 12 millones de dólares.
En un comunicado, la Fiscalía informó de que la Unidad Especializada de Delitos Económicos presentó la imputación por un "hecho punible contra el patrimonio" por un perjuicio al Estado de unos 50.000 millones de guaraníes (casi 12 millones de dólares al cambio de hoy).
Entre los imputados, están los exministros del Interior Carlos Filizzola y su primo Rafael Filizzola, que ocuparon el cargo en dos periodos distintos durante el mandato del destituido presidente Fernando Lugo (2008-2012).
También figuran los nombres de Alvaro Lasso y Guillermo José Casado de Amezúa, de la firma española Proibérica S.A.
El Ministerio Público solicitó al juez penal el desafuero de Carlos Filizzola, que es actualmente senador del partido País Solidario y ha sido electo por el izquierdista Frente Guasú para el próximo periodo legislativo, que comienza el 1 de julio.
Este pedido se basa en "los hechos y evidencias enunciados, debiendo por tanto remitir todos los antecedentes del caso a la honorable Cámara de Senadores del Congreso Nacional, a fin de que dicho organismo resuelva lo solicitado", de acuerdo con el requerimiento fiscal.
Según la investigación de la Fiscalía, "los imputados otorgaron la adjudicación a la empresa Proibérica para que provea al Estado paraguayo cuatro helicópteros".
"Dicha adjudicación se otorgó, a pesar que la firma en cuestión no cumplió con obligaciones establecidas en el pliego de bases y condiciones", según el Ministerio Público.
La operación presuntamente causó "un perjuicio patrimonial al Estado paraguayo que asciende a 50.062 millones de guaraníes", añadió.
En septiembre de 2009, Proibérica consiguió la adjudicación de tres helicópteros para el Ministerio del Interior paraguayo, de la marca Robinson Raben II, para que los utilizara la Policía de la División Aérea.
En una licitación pública, la empresa ofreció 2,6 millones de euros, además de la prestación de servicios técnicos y de adiestramiento del personal policial en España.
Un segundo contrato, para la provisión cuatro helicópteros tácticos de transporte policial UH-1H, fue firmado en noviembre de 2010, e incluía también la creación de un Centro de Mantenimiento Aeronáutico, según la prensa local.
Junto a los dos exministros y los representantes de Proibérica, fueron imputados la presidenta directora de la Unidad Operativa de Contrataciones, Andrea Adle, el director general de Administración y Finanzas de Interior, Aníbal Muñóz; su director jurídico, Ricardo Lugo; su director financiero, Juan Diego Fernández; el director de Equipamiento de la Policía Nacional, Víctor Flor; y el director administrativo, Tiburcio Abundio Martínez.
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