Málaga, 8 jul.- La abogada de Juan Antonio Roca, presunto cerebro de la trama del "caso Malaya", expondrá el próximo miércoles su informe final, donde alegará que no hay pruebas contra su cliente y expondrá sus argumentos contra la condena de treinta años de prisión que le pide la Fiscalía Anticorrupción.
Además de la defensa de Roca, la próxima semana está previsto que mañana continúen otras defensas exponiendo sus informes finales, entre ellas los abogados de los exediles María José Lanzat y Rafael Calleja, así como de los presuntos testaferros Oscar Alberto y José Luis Benavente Pérez, entre otros.
El martes se prevén el informe de la defensas del exsecretario del Ayuntamiento Leopoldo Barrantes y de los letrados de cinco de los miembros del bufete Sánchez Zubizarreta, supuestamente encargados de la creación de las sociedades de Roca.
El exasesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca, al que también se le pide una multa de 810 millones de euros, está considerado "el jefe" de la organización.
El fiscal, en su escrito de conclusiones definitivas, desgrana la actuación de Roca y el entramado societario creado por el exasesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) con hasta setenta sociedades relacionadas con el principal procesado en el caso.
En el escrito señala que Roca, "pese a no ser cargo electo ni detentar la jefatura de servicio municipal alguno, ha venido ostentando, de hecho, una posición de dominio sobre la corporación, hasta el punto de que los concejales del equipo de gobierno y la propia alcaldesa aparecían subordinados a su poder de decisión".
"Esta situación de poder se sustentaba en el soborno sistemático y generalizado a sus integrantes, mediante el pago regular de importantes cantidades de dinero, lo que le permitía disponer a su antojo de la voluntad de las autoridades municipales en orden a las resoluciones que éstos pudieran adoptar, fundamentalmente en el ámbito urbanístico", añade el fiscal.
También revela cómo Roca llegó a recibir de distintos empresarios más de 33 millones de euros a cambio de operaciones o decisiones urbanísticas del Ayuntamiento de Marbella, para lo que gratificó a los concejales con sumas que superan los 5,2 millones de euros.
Los sobres con dinero se repartían en cada ocasión en función del rango en el consistorio y así la exalcaldesa Marisol Yagüe podía recibir 84.000 euros, mientras que en un segundo escalón estaban Isabel García Marcos y Carlos Fernández, con 42.000 cada uno; los tenientes de alcalde, con 18.000, y, por último, los concejales delegados, con 12.000 euros, según el fiscal.
Para Marisol Yagüe, la petición fiscal es de dieciséis años de prisión, mientras que para el exalcalde Julián Muñoz es de diez años y para la exprimer teniente de alcalde Isabel García Marcos, de doce años.
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