Miguel Sanz, el tercer presidente navarro en declarar como imputado

Pamplona, 11 abr.- El expresidente de UPN y del Gobierno foral, Miguel Sanz, a quien se investiga por el cobro de dietas en Caja Navarra, será mañana el tercer presidente navarro que acuda a los tribunales como imputado en la etapa democrática, tras los socialistas Gabriel Urralburu y Javier Otano.

En esta ocasión, la cita parte de la jueza que investiga las dobles y triples dietas en Caja Navarra (CAN), María Paz Benito, quien ha imputado a Miguel Sanz, al actual alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y al exconsejero foral de Economía y Hacienda Álvaro Miranda, que han sido llamados a declarar los días 12, 15 y 16 de abril, respectivamente.

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona, María Paz Benito, investiga entre otros asuntos las altas dietas que llegaron a cobrar en un solo día (hasta más de 5.000 euros) como miembros de la Comisión Permanente de la Junta de Entidades Fundadoras (JEF) de la CAN y que, a su juicio, podría suponer un presunto delito de cohecho.

La presidenta navarra, Yolanda Barcina, que también recibió las dietas y que como sus tres compañeros decidió devolver el dinero percibido, tiene condición de aforada y no está imputada por la juez navarra, que de hacerlo conllevaría automáticamente el traslado de la instrucción al Tribunal Supremo.

Las declaraciones comienzan mañana con la cita de Miguel Sanz, quien hoy mismo ha visto desestimado su recurso para que la investigación se traslade a la Audiencia Nacional.

El primer presidente navarro imputado fue Gabriel Urralburu, secretario general del PSN e investido presidente del Gobierno foral en 1984, cargo que ejerció hasta que, tras las elecciones autonómicas de 1991, pasó a la oposición del Gobierno foral encabezado por Juan Cruz Alli (UPN).

Fue en junio de 1994 cuando, al trascender datos sobre su presunto enriquecimiento ilícito, renunció a su reelección como secretario general del PSN y cedió el testigo a Javier Otano, quien con el tiempo se convirtió en el segundo presidente navarro imputado por un juez.

Urralburu fue condenado, junto a su esposa y otros dirigentes socialistas, a cuatro años de prisión y nueve de inhabilitación para cargo público, así como a una multa de 780 millones de pesetas, por delitos de cohecho y contra la Hacienda foral al considerar probado que el grupo acordó repartirse el dinero que consiguieron de las empresas constructoras por las adjudicaciones de obras públicas en Navarra.

Por su parte, Javier Otano fue elegido en 1995 presidente de un Gobierno en el que participaban el PSN, Convergencia de Demócratas de Navarra (CDN) y Eusko Alkartasuna (EA), pero un año después dimitió de todas sus responsabilidades políticas a consecuencia de las investigaciones abiertas por un juzgado de Pamplona acerca de una cuenta abierta en 1991 en Suiza con unos 200 millones de pesetas, presuntamente relacionada con la trama del caso Roldán, en la que Otano y su esposa figuraban como titulares.

Se trataba del presunto pago entre los años 1988 y 1990 de 200 millones de pesetas por parte de la multinacional Bosch Siemens a exdirigientes socialistas por la venta de la factoría de electrodomésticos navarra Safel.

En febrero de 2001, tras cuatro años y medio de investigación, la titular del Juzgado de Instrucción archivó provisionalmente el caso por no ver indicios de cohecho, que volvió a reabrirse y, tras diversas vicisitudes, en 2004 la Audiencia Provincial llegó a la "convicción" de la prescripción de los hechos.