La política antiterrorista está en las hemerotecas... y no se salva nadie

"Ahora lo que toca es la paz. Sólo la paz y nada más que la paz. Construir la paz es lo más importante. Es la tarea que tenemos ahora. Es fundamental construir la paz sobre una base sólida pero, a la vez, flexible (...) Apuesto por el diálogo y la responsabilidad compartida". No son palabras de Arnaldo Otegi, ni de José Luis Rodríguez Zapatero ante la última tregua de ETA. Es lo que dijo José María Aznar, entonces presidente del Gobierno, el 26 de septiembre de 1998 después de que ETA declarara una tregua.

Siempre se ha dicho que de la política antiterrorista no se habla, ya sea porque implica a los Servicios Secretos del Estado, ya sea porque es un tema especialmente sensible, o porque los ciudadanos no podrían encajar muchas de las cosas que saldrían a la luz de las sucesivas negociaciones que se ha mantenido con la banda terrorista ETA. De hecho, el proceso de paz de 2006 no fue sino el enésimo intento por acabar con ETA mediante el diálogo después de la autodisolución de los 'polimilis' en tiempos de Suárez, la Mesa de Argel del Ejecutivo de Felipe González en 1988 o las reuniones de Zúrich del Gobierno de José María Aznar en 1998.

Siempre se ha dicho, pero casi nunca se ha cumplido. En esta ocasión ha sido el magistrado Pablo Ruz, que ocupa la plaza de Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional, quien ha hecho público parte del sumario del 'caso Faisán', sumario que incluye supuestas actas en las que la banda terrorista registró sus conversaciones con el Gobierno de Zapatero durante el fracasado proceso de paz de 2006. Y estas revelaciones llegan en plena tregua de ETA y con los abertzales intentando estar en las elecciones. Pero antes de esta revelación, en las anteriores conversaciones con ETA, también salieron a la luz detalles de los encuentros.

El precio político del Ejecutivo

El caso más reciente es el de 1998. Entonces gobernaba José María Aznar, el mismo que este martes en una entrevista televisiva acusaba al Partido socialista de "buscar atajos, a veces el de la guerra sucia y el GAL, ahora el de la negociación". Corría el mes de septiembre, hacía un año del asesinato de Miguel Ángel Blanco, y ETA había declarado una de sus múltiples treguas, una que duraría catorce meses hasta que el 28 de noviembre de 1999 dio por rotas las negociaciones. En ese tiempo el Gobierno acercó a más de un centenar de presos etarras a las cárceles del País Vasco, se permitió a más de 300 prófugos por violencia terrorista regresar a España y otros tantos presos etarras fueron excarcelados antes de cumplir sus penas, muchos de ellos con delitos de sangre.

El motivo por el que el Partido Popular carga contra el Ejecutivo ahora no es sólo la negociación, sino también el presunto 'chivatazo' del que se acusa a los responsables de Interior mediante el cual se habría avisado a ETA de una operación policial para intentar proteger las conversaciones. Y lo que aduce el Partido Socialista, más allá de negarse a aceptar como prueba lo que digan los terroristas en sus actas internas, es que el Gobierno de Aznar no avisó a ETA de nada, sino que directamente, con autorización del Congreso, relajaron la política penitenciaria hasta el punto de poner en las calles a centenares de etarras.

No fue un juez el que reveló entonces los movimientos del Ejecutivo, sino el propio Ejecutivo en algunos casos puntuales y el principal partido de la oposición, el socialista, el que rescató los datos globales cuando, años después y ya en La Moncloa, se atenuó la condena de Iñaki De Juana aduciéndose motivos de salud. Según un documento colgado en la web del PSOE (PDF), siete etarras fueron liberados por enfermedad, entre ellos Esteban Esteban, condenado a 3.150 años de cárcel por 21 asesinatos, aunque sólo cumplió 12 años. 

Otros 304 presos fueron liberados, 54 de ellos con condenas de entre 30 y 327 años de cárcel, presos que en ningún caso completaron dos tercios de su condena. En el texto se destaca el caso de Iñaki Bilbao, liberado durante la tregua tras cumplir 17 de los 52 años de condena que pesaban sobre él y que dos años después asesinaría al concejal socialista Juan Priede. Como entonces, este martes era el vicepresidente primero y Ministro del Interior el que revelaba que durante aquellos catorce meses ETA se rearmó y formó cinco comandos que, hasta su desarticulación, participaron en 42 asesinatos tras el final de la tregua.

Guiños y reuniones con asesinos

Entonces también se llevaron a cabo gestos simbólicos a los que el Ejecutivo socialista no llegó. ETA dejó de ser una banda terrorista para convertirse en un "Movimiento de Liberación Nacional Vasco", según un comunicado de La Moncloa.

El presidente del Gobierno, que merecía entonces editoriales titulados 'Otro valiente paso de Aznar hacia la paz' (PDF) en el mismo diario que ahora exige la dimisión de Rubalcaba, autorizó contactos con ETA, contactos que Rajoy, entonces ministro del Interior, dijo que se llevaban "directamente y sin intermediación". Tan directamente que a la del 7 de junio de 1999, una de todas cuantas mantuvieron los representantes del Gobierno con ETA, acudieron el entonces secretario general de la Presidencia, Javier Zarzalejos, el entonces secretario de Estado para la Seguridad, Ricardo Martí Fluxà y Pedro Arriola, principal estratega de Mariano Rajoy en el PP actual. Enfrente estaban el líder de ETA, Mikel Albizu 'Antza', y su jefe militar, Iñaki de Rentería.

Si algo tienen ambos procesos de negociación en común es la voluntad del Ejecutivo, entonces del PP, más adelante del PSOE, de conseguir el fin de la violencia de ETA. La cuestión es si poner la política antiterrorista sobre la mesa es necesario, si convertir a ETA en un arma arrojadiza conduce a algo más de lo que se ha conseguido por el camino contrario. El pacto entre socialistas y populares en el Euskadi de Patxi López es el mejor ejemplo de que en política antiterrorista hay detalles que quizá no conviene contar y detalles con los que no se debería hacer campaña política.