El abogado de Fujimori descarta que la sentencia se conozca antes de Semana Santa

  • Lima, 23 mar (EFE).- El abogado defensor del ex presidente Alberto Fujimori, juzgado por atropellos a los derechos humanos, descartó que la sentencia contra su cliente se dé a conocer antes de los festivos de Semana Santa (9 y 10 de abril).

Lima, 23 mar (EFE).- El abogado defensor del ex presidente Alberto Fujimori, juzgado por atropellos a los derechos humanos, descartó que la sentencia contra su cliente se dé a conocer antes de los festivos de Semana Santa (9 y 10 de abril).

El letrado César Nakazaki confirmó a Efe que tiene previsto intervenir en defensa de su cliente al menos dos sesiones más, el próximo miércoles y el viernes, y que casi con toda seguridad pedirá una sesión suplementaria (el lunes 30) para terminar con su argumentación.

En todo caso, habrá terminado su alegato el próximo lunes, pero eso no quiere decir que Fujimori vaya a intervenir inmediatamente después, pues el letrado sospecha que la Sala que lo juzga puede decretar unos días de descanso entre el alegato de la defensa y la intervención final del acusado.

Nakazaki se dijo "preocupado porque todos están opinando" sobre la duración del proceso, incluida la ministra de Justicia, Rosario Fernández, y la Fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, y consideró que estas dos últimas "no deberían intervenir a ese nivel de detalle".

Sin descartar que existan "presiones" a nivel político, el abogado se inclinó más bien por pensar que ambas autoridades están mostrando un "lógico cansancio", pero ello no debería influir a la hora de "quitarle al Presidente (Fujimori) la única arma que tiene, que es el alegato", recalcó.

Nakazaki volvió a referirse a la intervención final del ex presidente, que según él consistirá en una defensa general de su política y en la insistencia en que no hubo "guerra sucia" contra el terrorismo ni estrategias paralelas para luchar contra la subversión, sino en todo caso abusos de funcionarios a título individual.

Fujimori se enfrenta a una pena de 30 años de cárcel por su responsabilidad en la muerte de un total de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), además de los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, tras el "autogolpe" de Estado de 1992.