El ex embajador español en El Salvador cuenta al juez que el juicio contra los asesinos de Ellacuría fue "un simulacro"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El ex embajador de España en El Salvador Fernando Álvarez de Miranda aseguró hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que el juicio que se llevó a cabo en el país centroamericano contra los supuestos asesinos del padre Ignacio Ellacuría y de otros cinco sacerdotes jesuitas, cuatro de los cuales también eran españoles, fue "un simulacro", informaron fuentes jurídicas.

El ex presidente del Congreso de los Diputados y ex defensor del Pueblo, que ocupó la legación diplomática en El Salvador entre 1986 y 1989, compareció como testigo en la causa abierta por Velasco tras admitir una querella contra 14 miembros del Ejército salvadoreño por estos asesinatos, que se produjeron el 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de San Salvador.

Fernández Miranda explicó durante su comparecencia que el juicio no se desarrolló con las garantías necesarias y que los crímenes fueron auspiciados desde altas esferas militares por la labor que los jesuitas, seguidores de la Teología de la Liberación, desarrollaban con el pueblo salvadoreño.

Ante el magistrado también comparecieron los letrados en Cortes José Luis Ruiz Navarro y Enrique Arnaldo, que ratificaron los informes que redactaron, respectivamente, en 1990 y 1991 después de que dos comisiones del Congreso de los Diputados se desplazaran hasta el país centroamericano para seguir el procedimiento como observadores judiciales.

En esos dos informes se detallaban, entre otras anomalías, la ausencia de garantías judiciales con que desarrolló el juicio, la ocultación de pruebas, la obstrucción al procedimiento por parte de las Fuerzas Armadas y la falta de independencia de la policía judicial y de todos los jueces que se encargaron del caso a excepción del instructor Ricardo Zamora.

La instrucción de la causa continuará mañana con la declaración de los ex diputados Pere Baltà i Llopart (CiU) y Manuel García Fonseca (IU), que participaron en las dos comisiones parlamentarias. La ronda de declaraciones finalizará el próximo lunes con la comparecencia del senador y ex diputado del PNV Joseba Mirena Zubía.

COMISIÓN ROGATORIA

El juez reiteró el pasado mes de abril la comisión rogatoria que libró a las autoridades salvadoreñas para que le remitan una copia completa de los expedientes judiciales relativos a la investigación que se llevó a cabo sobre estos hechos y otra del proceso de amparo constitucional promovido por la Corte de Suprema de Justicia de este país.

Al mismo tiempo, dejó sin efecto la declaración de William McCollum, miembro de la Delegación que viajó a El Salvador como parte de una comisión del Congreso de Estados Unidos que investigó estos hechos en 1990, y da a las partes un plazo de diez días para que presenten un pliego de preguntas para el mayor del Ejército norteamericano Erick Buckland.

La querella, presentada por un posible delito de asesinatos terroristas y contra el derecho de gentes, está dirigida contra 14 militares salvadoreños, entre los que se encuentran cuatro generales en el momento de los hechos. No obstante, el juez rechazó la imputación del ex presidente Alfredo Cristiani Burkard.

En su resolución, el juez Velasco también ordenó la declaración testifical del ex fiscal general de la República Belisario Amadeo Artiga, del juez Ricardo Zamora y los abogados Henry Campos y Sidney Blanco. Estos dos últimos fueron los fiscales asignados al caso cuando se enjuició en El Salvador y renunciaron cuando, según la querella, fueron obligados a minimizar el interrogatorio a los militares imputados. Posteriormente, representaron a las acusaciones particulares.

En concreto, perdieron la vida el rector del campus, Ignacio Ellacuría; y los sacerdotes Amando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes e Ignacio Martín Baró, todos de nacionalidad española; el religioso salvadoreño Joaquín López y López; y el ama de llaves Elba Julia Ramos y su hija Celina, nacidos también en el país sudamericano.

La querella, interpuesta en nombre de Alicia Martín-Baró, religiosa carmelita y hermana de una de las víctimas, está dirigida contra los generales Humberto Larios, René Emilio Ponce, Juan Rafael Bustillo y Juan Orlando Cepeda; los coroneles Inocente Orlando Montano y Francisco Elena Fuentes; los tenientes Carlos Camilo Hernández Barahona, José Ricardo Espinoza Guerra y Gonzalo Guvara Cerritos; los sargentos Antonio Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zarpate Castillo; el cabo Ángel Pérez Vasquez y los soldados José Alberto Sierra Ascensio y Óscar Mariano Amaya Grimaldi.