Operación Guateque: 7 tramas, 10 años de espera y la Guardia Civil en la picota


  • El 'caso Guateque' se destapó en noviembre de 2007 y es una de las mayores tramas de tráfico ilegal de licencias municipales para locales públicos.

  • La grabación que dio origen a la investigación judicial del caso Guateque se consiguió “sin autorización judicial y al margen de cualquier procedimiento penal”, por ello es nula.

La "mala fe" de la Guardia Civil anula 7 tramas dentro del caso Guateque

La "mala fe" de la Guardia Civil anula 7 tramas dentro del caso Guateque

Una década después de que saliera a la luz una de las mayores tramas de tráfico ilegal de licencias municipales para locales públicos, el caso Guateque se ha quedado en nada.

La grabación que dio origen a la investigación judicial del caso Guateque se consiguió “sin autorización judicial y al margen de cualquier procedimiento penal”.

Por ello, la Audiencia Provincial de Madrid ha considerado nula esa prueba —y todas las que llegaron a partir de ella— y ha absuelto a todos los acusados en el proceso. La sentencia, difundida ayer, acusa a los agentes de la Guardia Civil de actuar de “mala fe” para conseguir la grabación. Zoido ha dado la cara por las fuerzas de seguridad solo 24 horas después de la sentencia y ha pedido no generalizar. 

Se destapó hace 10 años 

El caso Guateque se destapó en noviembre de 2007 con la detención de 16 funcionarios y técnicos de Ayuntamiento de Madrid.

La Fiscalía describía en su escrito de acusación siete tramas de "tráfico de sobornos y favores" para la agilización de expedientes urbanísticos, con funcionarios del Ayuntamiento de Madrid que "utilizaban sus cargos técnicos como medio para lucrarse".

Según el Ministerio Fiscal, determinadas empresas, profesionales y gestores que tramitaban licencias urbanísticas solicitaban determinadas cantidades de dinero a los promotores para destinarlas ilícitamente a distintos funcionarios del Ayuntamiento de Madrid, destinados en Juntas de distrito, Gerencia de Urbanismo y el Área de Medio Ambiente.

Hasta siete tramas dentro del mismo caso Guateque

Una de las tramas, la que destapó el escándalo, hacía referencia a la actuación de la empresa AB Sanz Escribano Ingenieros Consultores S.L., dedicada a la gestión de toda clase de obras.

Un testigo protegido, que tenía un bar-restaurante en el madrileño distrito de Chamberí, denunció que Antonio Sanz Escribano le pidió dinero para sobornar al funcionario Victoriano Ceballos Fernández, del Departamento de Evaluación Ambiental. Para demostrarlo, aportó una grabación, que es la que ha sido declarada nula.

Gracias a esta grabación, se pudieron intervenir una serie de teléfonos. Así, se descubrió que Carmen Eulalia Ibáñez Martín, técnica de la Gerencia de Urbanismo, hizo un informe negativo sobre una sala de fiestas, por lo que Sanz Escribano y Ceballos Fernández pidieron dinero a la promotora a cambio de un informe favorable.

También se consideraba implicada Sara López Moreno, funcionaria de la Junta de Distrito de San Blas, que aconsejó al propietario de una clínica que contratara los servicios de Sanz Escribano y éste último le abonó a López Moreno una cantidad de dinero para favorecer la marcha del proyecto.

Además, Juan Antonio Montesinos, funcionario de la Junta de Distrito de Chamberí, recomendó al promotor de las obras de un restaurante en la calle Julián Romea que contratase a Sanz Escribano, quien pagó una cantidad de dinero a Montesinos para agilizar el expediente.

Una segunda trama giraba en torno al gestor Benjamín Valledor Fernández, que presuntamente sobornó a Ceballos Fernández para agilizar la tramitación de las licencias de dos bares-restaurantes en los distritos de Hortaleza y Fuencarral-El Pardo.

El tercer entramado corresponde a la sociedad AC 93 Proyectos y Obras S.L., la empresa de Santiago Castillo Morales y Carmelo García Sánchez.

Entre los siete casos que se le atribuían a esta empresa, figuraba el intento de obtener un soborno para la tramitación de una licencia de obras de la Clínica Ruber, que se repartirían con el funcionario de la Gerencia de Urbanismo, Fernando Ruiz Monzón.

La cuarta trama giraba en torno a la sociedad Agustino Proyectos e Instalaciones S.L., que lideraba Eduardo Agustino Carrasco.

La quinta trama recogía nueve casos relacionados con el trámite de evaluación de impacto ambiental de actividades, en los que estaba implicado el jefe del Departamento de Evaluación de Impacto Ambiental, Joaquín Fernández de Castro.

La sexta trama reunía seis casos del funcionario Victoriano Ceballos Fernández para agilizar la tramitación de licencias urbanísticas en colaboración con una arquitecta.

La séptima trama incluía tres casos de sobornos a funcionarios municipales, sin la intervención de intermediarios, dos de ellos protagonizados por Ceballos Fernández y el tercero denunciado por la exconcursante del programa Gran Hermano Aida Nízar.