Caamaño avanza que el acuerdo sobre Justicia "permitirá acometer otras muchas reformas"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño avanzó hoy que el acuerdo sobre Justicia alcanzado por la mayoría de los grupos parlamentarios "permitirá acometer otras muchas reformas" para mejorar el actual panorama judicial. El ministro, que calificó el compromiso como "un trabajo de todos", agradeció "la intensa labor desplegada portavoces parlamentarios" para alcanzar el texto de consenso.

El nuevo Proyecto de Ley de Reforma Procesal para la Implantación de la Oficina Judicial, que será tramitado por la Comisión de Justicia antes del próximo verano y que contempla, entre otras medidas pactadas por PP y PSOE, la limitación de la jurisdicción universal y la atribución de la agenda de señalamientos a los presidentes de Sala y de Sección, ha permitido, dijo el ministro "que todos caminásemos juntos en la misma dirección". "El esfuerzo ha fructificado en este primer consenso amplio", agregó.

Tal y como se adelantó el pasado jueves, PP, PSOE, CiU y PNV han pactado una enmienda que modifica el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para limitar la jurisdicción universal que de la Audiencia Nacional a "los delitos de genocidio y lesa humanidad" en los que sus presuntos responsables "se encuentren en España" o en los que "existan víctimas de nacionalidad española" o se constate "algún vínculo de conexión relevante con España".

El ministro puso además de manifiesto la buena acogida a las reformas de las asociaciones de jueces y secretarios judiciales y destacó que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) concedió, en su reunión del Pleno, su respaldo a la nueva Ley.

En cuanto a las novedades relativas a la competencia en casos de Justicia Universal, el ministro destacó que la reforma de la LOPJ "no pretende limitar la asencia de la Jurisdicción Universal" que calificó como "obligación ineludible de los Estados".

Los avances alcanzados permiten preveer, en opinión de Caamaño, la congelación del nuevo paro de los jueces previsto para el próximo mes de junio. "No existen motivos para la huelga de las asociaciones judiciales", indicó y añadió que el acuerdo resuelve temas "que estaban en el origen del malestar" de la judicatura.

Entre estas cuestiones se encuentra la conocida como agenda de señalamientos de los juicios, cuya gestión reclamaban para sí tanto los secretarios judiciales como los jueces. El acuerdo alcanzado por los grupos establece que éstos corresponderán a los presidentes de Sala y de Sección, que se ocuparán de fijar los días predeterminados para la celebración de la vista oral, la hora de audiencia, el número de señalamientos, la duración aproximada del juicio y la naturaleza y complejidad de los asuntos.

Así, los secretarios judiciales deberán sujetarse a los criterios de los jueces y establecer en función de estos una agenda de señalamientos. A medida que incluyan los datos en la citada agenda, deberán dar cuenta a los jueces.

El proyecto de la nueva Ley Procesal, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 12 de Diciembre, contemplaba inicialmente la medida de otorgar la potestad para señalar juicios a los secretarios judiciales cuando tradicionalmente ha correspondido a los jueces. Ante el rápido malestar manifestado por los magistrados, Caamaño se comprometió en una de sus primeras decisiones como ministro a lograr una solución consensuada con los grupos del Congreso.

DEPÓSITO PARA RECURRIR

Del paquete de enmiendas forma parte también una para implantar un depósito económico obligatorio para presentar recursos. La propuesta se refiere a la jurisdicción civil, social y contencioso-administrativo, aunque en el orden penal tan sólo será exigible a la acusación popular. De esta regla general quedará excluido en todo caso el derecho a la segunda instancia en el orden penal.

De este modo todo el que presente un recurso de queja deberá abonar 30 euros, por su parte para los recursos de apelación, de casación ante el Tribunal Supremo o recursos de caracter extraordinario será obligatorio adelantar 50 euros. Aquellos que estén bajo asistencia de jurídica gratuita quedarán eximidos de pagar este depósito así como la Fiscalía. Al tratarse de un depósito, el recurrente recibirá el dinero abonado en caso de que el tribunal acepte su queja.

A este respecto, ERC-IU-ICV solicitan que los depósitos necesarios para la presentación de un recurso reviertan al cien por cien en las comunidades autónomas. El ministro explicó que el Gobierno --junto al PP-- considera no obstante que este dinero sea destinado "en beneficio de la Justicia gratuita y para mejorar la conexión en red de los tribunales de toda España". "Se trata de un elemento disuasorio para no alargar un procedimiento judicial a través de recursos vanos", explicó.