El Consejo de Europa recomienda a España "endurecer" las penas por corrupción y tráfico de influencias

El GRECO destaca que los sobornos en el sector privado no están perseguidos "en absoluto"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) recomienda a España "endurecer" las penas relativas a los delitos de corrupción y tráfico de influencias e "intensificar" el control fiscal de los partidos políticos a través de auditorías internas.

Así consta en el Tercer Informe de Evaluación sobre España elaborado por este organismo, que analiza la lucha contra la corrupción y la transparencia de la financiación de los partidos políticos e incluye 15 recomendaciones a España cuya puesta en funcionamiento será evaluada en la primera mitad de 2011.

El informe, elaborado a partir de una visita que miembros del GRECO realizaron a España en septiembre de 2008, considera que algunas de las sanciones penales aplicables a los delitos de cohecho y tráfico de influencias son "demasiado leves".

A este respecto, apunta que "el complejo marco legal español es deficiente en su dimensión internacional" a la hora de perseguir los delitos de cohecho en el sector público, mientras que los sobornos en el sector privado no están perseguidos "en absoluto".

"IMPORTANTE LAGUNA"

Esta situación constituye, según el organismo del Consejo de Europa, "una importante laguna", al entender que "esta forma de corrupción puede ocasionar un daño significativo a la sociedad en general, dada la cuantía de las sumas (y de los potenciales sobornos) asociadas a transacciones económicas".

Con respecto a la lucha contra la corrupción, el informe señala que, a pesar de que España es miembro del GRECO desde 1999, todavía no ha ratificado el último Convenio de Derecho Penal sobre la Corrupción y su Protocolo Adicional, que fue firmado el 27 de mayo de 2009.

En relación con la transparencia de la financiación de los partidos políticos, el GRECO reconoce los esfuerzos desarrollados en este ámbito con la introducción de la legislación aprobada en 2007, al tiempo que aconseja los nuevos pasos que deben ser tomados para mejorar el sistema.

Entre ellos se encuentran los de garantizar el acceso público a información significativa sobre la contabilidad de los partidos, incluyendo la información fiscal relativa a fundaciones y agrupaciones locales.