El juez continúa el procedimiento contra tres trabajadores de 'Egunkaria' a los que no se comunicó su imputación

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha acordado continuar el procedimiento contra tres trabajadores del diario abertzale 'Egunkaria', clausurado en 2003, contra los que su antecesor, Juan del Olmo, abrió juicio oral antes de haberles comunicado su imputación.

Velasco, que les tomó ayer declaración, ha dictado un auto en el que da un plazo de diez días a la Fiscalía y a la asociación Dignidad y Justicia (DyJ) para que presenten de nuevo su escrito de acusación y soliciten la apertura de juicio oral contra ellos o bien reclamen el sobreseimiento de las actuaciones.

Los afectados --Juan María Torrealday, Ignacio María Uría y José María Auzmendi-- aseguraron ayer al juez que no han tenido ninguna relación con la banda terrorista ETA y que nunca han llevado a cabo actividades para defraudar a la hacienda pública.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 tuvo que interrogarlos por orden de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, que en abril pasado instó al instructor a cumplir el trámite de audiencia antes de que las partes solicitaran su imputación.

Además de los tres comparecientes, en la causa están imputados José María Sors, Fernando Furundarena, Miguel María Sorozabal, Begoña Zublezu y Ahinoa Albisu. Todos ellos están acusados de los presuntos delitos de falseamiento de la contabilidad de los registros fiscales, falseamiento de las condiciones para la concesión de subvenciones públicas y delitos contra la hacienda pública por la defraudación en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

Los trabajadores de 'Egunkaria' argumentan que ni el Gobierno vasco ni la Hacienda Foral de Guipúzcoa están personadas en la causa y que, en todo caso, la instrucción por los delitos que se les imputan debería llevarse a cabo en un juzgado de Tolosa.

"VEHÍCULO DE ETA"

En la causa económica de 'Egunkaria', la Fiscalía y la acusación popular, ejercida por la asociación 'Dignidad y Justicia', piden penas de entre 13 años y nueve meses de cárcel y 26 años y cuatro meses para los ocho imputados, al considerar que el diario funcionaba como "un vehículo de ETA". Además, el colectivo de víctimas solicitó que los acusados abonaran una multa de entre 21 y 33 millones de euros.

Por otra parte, siete responsables del periódico y de otras empresas asociadas se encuentran pendientes de juicio por un delito de "asociación ilícita subordinada a ETA". En esta causa la Fiscalía solicitó el archivo de las actuaciones, que cuentan con la acusación popular de Dignidad y Justicia y de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).