El juez decreta hasta el momento prisión para 4 de los 18 detenidos en la presunta trama de corrupción

ARRECIFE (LANZAROTE), 30 (EUROPA PRESS)

El juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 5 de Arrecife, en Lanzarote, ha decretado hasta el momento prisión para 4 de los 18 detenidos dentro de la llamada 'Operación Unión', que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en la capital de la isla con posibles ramificaciones en otros municipios.

Durante la noche del pasado jueves al viernes, el Juzgado decretó prisión incondicional por un delito de cohecho para el ex vicepresidente del Cabildo de Lanzarote, Segundo Rodríguez González (PSC-PSOE). En este sentido, la detención se produjo por su condición de empresario.

Además, esta noche se ha decretado prisión comunicada y sin fianza para el ex primer teniente de alcalde del municipio, Ubaldo Becerra (PIL); y para el asesor del patronato de turismo, Matías Curbelo; ambos por su presunto delito de cohecho.

Becerra es en la actualidad concejal del Partido Independientes de Lanzarote (PIL) responsable de las áreas de Hacienda y Urbanismo del Ayuntamiento de Arrecife, mientras que Curbelo está considerado como la 'mano derecha' de Dimas Martín, presidente honorífico del PIL.

Asimismo, hace apenas unas horas, el juez ha ordenado el ingreso en prisión comunicada y sin fianza para el ex concejal de Urbanismo, Economía y Hacienda de Arrecife, José Miguel Rodríguez, quien estuvo declarando durante la madrugada. Con Rodríguez son ya cuatro el número de ingresos en prisión dentro de la 'Operación Unión'.

Estas acciones se han llevado a cabo dentro de la llamada 'Operación Unión', que investiga un supuesto caso de corrupción urbanísticas en Arrecife, con posibles ramificaciones en otros municipios de la isla como el de Yaiza, donde también --del mismo modo que pasó en la capital de la isla-- tuvieron lugar diferentes registros durante la semana.

La operación la siguen realizando miembros del Grupo de Delincuencia Urbanística de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 5 de Arrecife y de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Las Palmas. La investigación continúa bajo secreto de sumario y aún sigue abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones o imputaciones.