El TSJ ordena ejecución de una sentencia por la que el Ayuntamiento de Vinaròs (Castellón) debe pagar 10 millones de €

CASTELLÓN, 25 (EUROPA PRESS)

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Vinaròs (Castellón) informó hoy en rueda de prensa del auto dictado por el TSJ de la Comunidad Valenciana mediante el que se ordena la ejecución definitiva de la sentencia del 'caso Arizmendi', por la que el consistorio deberá pagar 10.459.819 euros, cifra que representa la indemnización reclamada por Antonio Arizmendi Ballester, que establece la diferencia por la pérdida de edificabilidad en sus propiedades a consecuencia de la aprobación del PGOU de 2001. Dicho PGOU recibió únicamente el apoyo del PP local, según recordaron desde el equipo de gobierno.

El primer edil, Jordi Romeu, compareció junto al teniente de alcalde, Javier Balada, la edila de Gobernación, Librada López, y la responsable del área de Turismo, Mamen Obiol, para dar a conocer la resolución en la que se acuerda que la ejecución de la sentencia comporta el abono de una indemnización al actor por la diferencia de aprovechamiento urbanístico que tenía consolidado a tenor del PGOU que estaba en vigencia antes de 2001.

Así, Romeu indicó que el auto anula la providencia del Ayuntamiento de 12 de marzo de 2009, por la que el alcalde instaba a los servicios técnicos municipales a proponer alternativas técnicas que permitieran materializar el aprovechamiento urbanístico reconocido por la sentencia a Antonio Arizmendi.

El primer edil incidió en que el auto de ejecución definitiva de la sentencia "reitera que la indemnización ha de ser en metálico, aunque desde el Ayuntamiento se buscará reducir la cantidad a pagar".

El TSJ ofrece tres días a las partes, según apunta el tercer punto de la resolución, para que se pronuncien sobre la ratificación o petición de aclaraciones al informe pericial de valoración de la indemnización presentado por Arizmendi, ya que el Ayuntamiento se opuso a la misma señalando que la valoración presentada por el demandante no era la correcta y, por tanto, le da la posibilidad de presentar una contravaloración antes de especificar la cantidad exacta de indemnización que le corresponde a Arizmendi.

El 25 de febrero de este año el TSJ requirió al ayuntamiento para que adoptara las medidas pertinentes para la ejecución de la sentencia, momento en que el alcalde libró una providencia ofreciendo que el demandante pudiera materializar el aprovechamiento urbanístico que se le quitó al aprobar el PGOU de 2001.

También se señaló al tribunal que la cantidad que exigía Arizmendi no era correcta porque reclamaba el perjuicio que correspondería a una hermana que no recurrió y la valoración de 10 millones de euros era equívoca, según recordó el alcalde.

Romeu, quien destacó el hecho de que desde el viernes pasado por la tarde desde el consistorio se está trabajando para aportar todas las soluciones posibles, recordó las manifestaciones del PP en las que su portavoz, Juan Bautista Juan, "negaba que el Ayuntamiento tuviera que pagar los 10 millones de euros".

De las declaraciones vertidas entonces por Juan, el primer edil manifestó que "entendemos que el Ayuntamiento no tiene que pagar ni un euro, entendemos que lo tiene que pagar el PP", y propuso en caso contrario la dimisión del portavoz del PP local.