IU-ICV plantea suprimir la Audiencia Nacional por ser "un tribunal excepcional que se halla fuera de la normalidad"

Los grupos registran sus enmiendas a la Ley de la Oficina Judicial, que contemplan la limitación de la jurisdicción universal

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El grupo parlamentario de ERC-IU-ICV registró hoy una enmienda al Proyecto de Ley de Reforma Procesal para la Implantación de la Oficina Judicial que plantea suprimir la Audiencia Nacional al considerar que es "un tribunal excepcional que se halla fuera de la normalidad del sistema judicial".

Así consta en las enmiendas presentadas hoy por los grupos del Congreso a este proyecto, que será tramitado por la Comisión de Justicia antes del próximo verano y que contempla, entre otras medidas pactadas por PP y PSOE, la limitación de la jurisdicción universal y la atribución de la agenda de señalamientos a los presidentes de Sala y de Sección.

El grupo de ERC-IU-ICV solicita la supresión de la Audiencia Nacional en un plazo de seis meses, al entender que "hay muchas voces que se han levantado contra esta extraña 'avis' existente en la organización judicial española". "Voces --indican-- que incluso llegan de destacados miembros de este colectivo".

PSOE: AGILIZAR EL SISTEMA DE RECURSOS

El Grupo Socialista, por su parte, ha presentado un paquete propio de enmiendas en el plantea "suprimir parte del sistema de recursos para descongestionarlo y permitir que los juicios verbales civiles sean celebrados por un solo magistrado y no por toda la sala", según explicó a Europa Press el portavoz de Justicia, Julio Villarrubia.

El PP no ha presentado enmiendas propias al proyecto de ley, por lo que se limitará a defender las pactadas con el resto de grupos, según explicaron a Europa Press fuentes 'populares'.

El PNV también ha registrado 77 enmiendas que, entre otras cosas, plantean elevar de tres a cinco días el plazo para presentar un recurso de reforma o súplica y dotar a los secretarios judiciales de mayores competencias. Entre ellas, se encuentran la confección "en exclusiva" del acta del juicio oral y la posibilidad de que admitan a trámite los recursos o declaren conclusos los pleitos.

Además, los grupos del PP, CiU, PNV, ERC-IU-ICV y Mixto han firmado un paquete conjunto de enmiendas en el que defienden que el ejercicio de los procuradores es incompatible con el de la abogacía. También plantean, a propuesta del BNG, la necesidad de recoger la intervención del graduado social en el recurso de súplica, en coherencia con la propuesta de modificación de la Ley de Procedimiento Laboral.

De la misma manera, CiU, PNV e IU han consensuado demandar la provisión de plazas establecida en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) "en las comunidades autónomas en las que exista más de una lengua oficial o tengan derecho civil propio".

LIMITACIÓN DE LA JURISDICCIÓN UNIVERSAL

Tal y como se adelantó el pasado jueves, PP, PSOE, CiU y PNV han pactado una enmienda que modifica el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para limitar la jurisdicción universal que de la Audiencia Nacional a "los delitos de genocidio y lesa humanidad" en los que sus presuntos responsables "se encuentren en España" o en los que "existan víctimas de nacionalidad española" o se constate "algún vínculo de conexión relevante con España".

En relación con la agenda de señalamientos de los juicios, cuya gestión reclamaban para sí tanto los secretarios judiciales como los jueces, el acuerdo alcanzado por los grupos establece que éstos corresponderán a los presidentes de Sala y de Sección, que se ocuparán de fijar los días predeterminados para la celebración de la vista oral, la hora de audiencia, el número de señalamientos, la duración aproximada del juicio y la naturaleza y complejidad de los asuntos.

Así, los secretarios judiciales deberán sujetarse a los criterios de los jueces y establecer en función de estos una agenda de señalamientos. A medida que incluyan los datos en la citada agenda, deberán dar cuenta a los jueces.

El proyecto de la nueva Ley Procesal, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 12 de Diciembre, contemplaba inicialmente la medida de otorgar la potestad para señalar juicios a los secretarios judiciales cuando tradicionalmente ha correspondido a los jueces. Ante el rápido malestar manifestado por los magistrados, Caamaño se comprometió en una de sus primeras decisiones como ministro a lograr una solución consensuada con los grupos del Congreso.

FE PÚBLICA

Algo parecido ha sucedido con otra de las medidas más polémicas que incluía el proyecto de reforma inicial: la eliminación de la presencia del secretario público en los juicios a cambio de medios tecnológicos, que graben lo que aconteciese en el proceso. Esto provocó también el rechazo de parte de la Administración, que llegaron a alertar de que esta modificación pudiese generar la nulidad de cientos procesos.

Finalmente, en esta materia, el acuerdo incluye la modificación de las leyes de Enjuiciamiento Criminal, de Procedimiento Laboral, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y de Enjuiciamiento Civil para incluir garantías de autenticidad de las grabaciones o reproducciones. Estas deberán acompañarse de una firma electrónica reconocida del secretario judicial u otro sistema de seguridad que ofrezca garantías.

En cuanto al traslado por ascenso forzoso las enmiendas, que modificarían en este caso la Ley Orgánica del Poder Judicial, precisan que el magistrado que suba en el escalafón podrá optar por continuar ocupando la misma plaza de la que disponía o elegir la vacante que se le oferte. En el primer supuesto el ascendido no podrá participar en los concursos ordinarios de traslado durante tres años si la plaza que ocupaba es de juez y un año si es de magistrado.

Las enmiendas solicitan también un cambio en la normativa sobre las vacaciones que pasan de un permiso anual de un mes de vacaciones al derecho "a disfrutar como mínimo de 22 días hábiles" o bien de los que les correspondan en el caso de que su tiempo de servicio durante año haya sido menor. La antigüedad se verá premiada con días adicionales de asueto hasta un máximo de 26.

El pacto incluye, además, la creación de la figura del juez de adscripción territorial, que ejercerá sus funciones en las plazas que se encuentren vacantes en los órganos judiciales en los casos en que la ausencia de su titular vaya a ser superior a un mes.

LOS NACIONALISTAS RECHAZAN EL DEPÓSITO PARA RECURRIR

De este paquete de enmiendas forma parte también una para implantar un depósito económico obligatorio para presentar recursos. La propuesta se refiere a la jurisdicción civil, social y contencioso-administrativo, aunque en el orden penal tan sólo será exigible a la acusación popular. De esta regla general quedará excluido en todo caso el derecho a la segunda instancia en el orden penal.

De este modo todo el que presente un recurso de queja deberá abonar 30 euros, por su parte para los recursos de apelación, de casación ante el Tribunal Supremo o recursos de caracter extraordinario será obligatorio adelantar 50 euros. Aquellos que estén bajo asistencia de jurídica gratuita quedarán eximidos de pagar este depósito así como la Fiscalía. Al tratarse de un depósito, el recurrente recibirá el dinero abonado en caso de que el tribunal acepte su queja.

A este respecto, ERC-IU-ICV solicitan que los depósitos necesarios para la presentación de un recurso reviertan al cien por cien en las comunidades autónomas. Esta medida es rechazada por CiU y PNV, tal y como se recoge en las enmiendas que han mantenido vivas. "Entendemos que es un tema que tiene que tratarse más y que las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias deben ser las que en todo caso recauden este depósito", explicó a Europa Press el portavoz de Justicia de CiU, Jordi Jané.