La mayoría del Congreso acuerda limitar la competencia de Justicia Universal a casos en los que esté implicada España

Las enmiendas pactadas saldan la cuestión de los señalamientos repartiendo la competencia entre jueces y secretarios judiciales

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Los grupos parlamentarios de PSOE, CiU y PNV en el Congreso han acordado un amplio paquete de enmiendas al Proyecto de Ley de Reforma Procesal para la Implantación de la Oficina Judicial, entre ellas una relativa a la Jurisdicción Universal para que sólo se puedan abrir procesos por genocidio y lesa humanidad en España en el caso de que existan víctimas de nacionalidad española o que sus presuntos responsables se encuentren en territorio español.

Esta es una de siete enmiendas que el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha negociado también en los últimos días con el responsable de esta materia del PP, Federico Trillo. De momento el PP sólo habla de un "acuerdo de principio" en torno a las modificaciones a introducir en el proyecto del Gobierno y ambas partes confían en cerrar el consenso el lunes.

Según explicaron a Europa Press fuentes parlamentarias, el propio Caamaño ha conversado en las últimas horas con los portavoces de Justicia para remitirles su propuesta e intercambiar opiniones sobre la misma. La idea inicial es que todos los grupos que se sumen al acuerdo registren un documento conjunto el próximo lunes, pero mantengan vivas para su debate las enmiendas relativas a los puntos que no se han negociado con el Gobierno. Previsiblemente la discusión en la Comisión de Justicia se iniciará antes del verano, con el objetivo de que la reforma sea definitivamente aprobada este año.

En lo relativo a la Justicia Universal, el Congreso aprobó el martes, en el marco del Debate sobre el estado de la Nación, una resolución en la que se apostaba por limitar su aplicación en España. En aquella moción sobre Justicia se incluían también otro aspectos recogidos en las enmiendas negociadas en las últimas horas.

La enmienda que se ha redactado, a la que ha tenido acceso Europa Press, modificaría el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para añadir el siguiente párrafo: "Sin perjuicio de lo que pudieran disponer los tratados y convenios internacionales suscritos por España, para que puedan conocer los tribunales españoles de los delitos de genocidio y lesa humanidad deberá quedar acreditado que sus presuntos responsables se encuentran en España o que existen víctimas de nacionalidad española o constatarse algún vínculo de conexión relevante con España".

ERC, IU-ICV y BNG CONTRA LA LIMITACIÓN

La adición a la LOPJ incluye además la condición de que la investigación sobre estos delitos no se haya iniciado en otro país competente o en el seno de un Tribunal Internacional. "El proceso penal iniciado ante la jurisdicción española se sobreseerá provisionalmente cuando quede constancia del comienzo de otro proceso sobre los hechos denunciados en el país", añade el texto, que ERC, IU-ICV y BNG ya han adelantado que no respaldarán.

El acuerdo contempla también otra de las cuestiones que habían provocado mayor controversia en los últimos meses en el mundo de la judicatura, como es la conocida como agenda de señalamiento cuya gestión reclamaban para sí los secretarios judiciales y los jueces. En concreto, los señalamientos de los juicios corresponderán a los presidentes de Sala y de Sección, que se ocuparán de fijar los días predeterminados para la celebración de la vista oral, la hora de audiencia, el número de señalamientos, la duración aproximada del juicio y la naturaleza y complejidad de los asuntos.

Así, los secretarios judiciales deberán sujetarse a los criterios de los jueces y establecer en función de estos una agenda de señalamientos. A medida que incluyan los datos en la citada agenda, deberán dar cuenta a los jueces.

El proyecto de la nueva Ley Procesal, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 12 de Diciembre, contemplaba inicialmente la medida de otorgar la potestad para señalar juicios a los secretarios judiciales cuando tradicionalmente ha correspondido a los jueces. Ante el rápido malestar manifestado por los magistrados, Caamaño se comprometió en una de sus primeras decisiones como ministro a lograr una solución consensuada con los grupos del Congreso.

FE PÚBLICA

Algo parecido ha sucedido con otra de las medidas más polémicas que incluía el proyecto de reforma inicial: la eliminación de la presencia del secretario público en los juicios a cambio de medios tecnológicos, que graben lo que aconteciese en el proceso. Esto provocó también el rechazo de parte de la Administración, que llegaron a alertar de que esta modificación pudiese generar la nulidad de cientos procesos.

Finalmente, en esta materia, el acuerdo incluye la modificación de las leyes de Enjuiciamiento Criminal, de Procedimiento Laboral, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y de Enjuiciamiento Civil para incluir garantías de autenticidad de las grabaciones o reproducciones. Estas deberán acompañarse de una firma electrónica reconocida del secretario judicial u otro sistema de seguridad que ofrezca garantías.

En cuanto al traslado por ascenso forzoso las enmiendas, que modificarían en este caso la Ley Orgánica del Poder Judicial, precisan que el magistrado que suba en el escalafón podrá optar por continuar ocupando la misma plaza de la que disponía o elegir la vacante que se le oferte. En el primer supuesto el ascendido no podrá participar en los concursos ordinarios de traslado durante tres años si la plaza que ocupaba es de juez y un año si es de magistrado.

Las enmiendas solicitan también un cambio en la normativa sobre las vacaciones que pasan de un permiso anual de un mes de vacaciones al derecho "a disfrutar como mínimo de 22 días hábiles" o bien de los que les correspondan en el caso de que su tiempo de servicio durante año haya sido menor. La antigüedad se verá premiada con días adicionales de asueto hasta un máximo de 26.

El pacto incluye, además, la creación de la figura del juez de adscripción territorial, que ejercerá sus funciones en las plazas que se encuentren vacantes en los órganos judiciales en los casos en que la ausencia de su titular vaya a ser superior a un mes.

LOS NACIONALISTAS RECHAZAN EL DEPÓSITO PARA RECURRIR

De este paquete de enmiendas forma parte también una para implantar un depósito económico obligatorio para presentar recursos, sin embargo, al menos CiU, PNV, ERC y BNG ya han adelantado que no lo apoyarán por cuestiones competenciales y que mantendrán vivas sus propias enmiendas a este punto.

La propuesta se refiere a la jurisdicción civil, social y contencioso-administrativo, aunque en el orden penal tan sólo será exigible a la acusación popular. De esta regla general quedará excluido en todo caso el derecho a la segunda instancia en el orden penal.

De este modo todo el que presente un recurso de queja deberá abonar 30 euros, por su parte para los recursos de apelación, de casación ante el Tribunal Supremo o recursos de caracter extraordinario será obligatorio adelantar 50 euros. Aquellos que estén bajo asistencia de jurídica gratuita quedarán eximidos de pagar este depósito así como la Fiscalía. Al tratarse de un depósito, el recurrente recibirá el dinero abonado en caso de que el tribunal acepte su queja.

UPyD SE DESMARCA

Por su parte, la diputada de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en el Congreso, Rosa Díez, anunció esta tarde que no se va a sumar a este amplio acuerdo parlamentario, un texto que, desde su punto de vista, no sólo "carece de claridad", sino que su negociación se ha realizado con "pasteleo" y "oscurantismo".

A su juicio, estas reformas no sólo devalúan el espíritu de la ley, sino que echan a perder la oportunidad de afrontar "con responsabilidad" la norma de justicia más importante en materia de administración judicial de los últimos 20 años.