Los casos pendientes en los juzgados crecieron un 13% en 2008 y la crisis disparó los litigios en el ámbito social

Antoni Terrassa insta a la creación de 20 plazas judiciales más en las islas para atender a la actual situación de sobrecarga PALMA DE MALLORCA, 25 (EUROPA PRESS) Los juzgados de Baleares cerraron 2008 con un total de 79.304 causas pendientes, un 12,9 por ciento más que al final de 2007, según refleja la Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, que subraya además que la crisis económica disparó en un 38,3 por ciento los casos tramitados en los juzgados de lo Social, principalmente relacionados con los despidos. El informe, presentado hoy por el presidente del TSJIB, Antoni Terrassa, a los grupos parlamentarios, indica que durante el pasado año se registraron un total de 219.925 asuntos, que supone un aumento del 6,9 por ciento respecto a 2008, de los que 79.304 quedaron pendientes de resolver debido en parte, en el marco de una tendencia acumulativa en los últimos años, a la huelga de funcionarios del Ministerio de Justicia llevada a cabo durante dos meses. Por el contrario, fueron resueltos 204.244 casos, mientras que por órdenes jurisdiccionales fueron los juzgados de lo Social los que más vieron incrementados los asuntos registrados (+38,3 por ciento), seguidos por los de lo Civil (+15 por ciento), lo Penal (+4 por ciento) y lo Contencioso-Administrativo (+3,9 por ciento). Las causas pendientes a final de año en cada una de estas jurisdicciones aumentaron un 73,9 por ciento en lo Social, un 24 por ciento en lo Civil, un 19 por ciento en lo Contencioso-Administrativo y un 0,9 por ciento en lo Penal. Terrassa destacó, no obstante, que la tasa de litigiosidad ha descendido hasta los 199,7 asuntos por cada 1.000 habitantes, pese a que las islas se sitúan por encima de la media estatal (184,6 casos), mientras que las islas se encuentran en tercera posición en número de jueces proporcionalmente a la población -con 11,35 por cada 100.000 habitantes, por encima de los 10,05 de media nacional-. Durante la presentación del estudio, el presidente del máximo órgano judicial del archipiélago lamentó, como consecuencia de la insularidad, la "difícil" adecuación entre carga y territorio, lo que implica la necesidad de constituir juzgados de competencia exclusivamente insular, en lugar de provincial. Entre los principales datos que ofreció como solución a la actual situación de la justicia en Baleares, subrayó que se necesitan un total de 20 plazas judiciales más para atender a la actual situación de sobrecarga. En concreto, dos plazas de magistrados irían destinadas a la sala de lo social del TSJIB y a la sección penal de la Audiencia Provincial, al tiempo que recalcó la necesidad de habilitar 18 juzgados más repartidos en Inca (uno), Manacor (uno), Palma (14) e Ibiza (dos). En el caso de Inca y Manacor, esto permitiría aumentar a ocho las dependencias judiciales de cada municipio y especializarlos en instrucción y primera instancia (en la actualidad son mixtos). El informe desglosa los litigios registrados el pasado año por órganos judiciales, de modo que en el caso de la Audiencia Provincial de Palma requiere la incorporación de más de un magistrado debido a su actual carga de trabajo así como una nueva sección penal (la sexta). En relación con los juzgados con competencia a nivel balear, los dos de lo mercantil registraron en 2008 un 59,5 por ciento más de asuntos pendientes. CREACIÓN DE UN JUZGADO BIS Tal y como recalcó Terrassa, está previsto que se cree un juzgado bis para apoyar la actividad de ambas dependencias. Cabe destacar que los dos actuales se enfrentaron el año pasado a una triplicación de los concursos de acreedores o antigua suspensión de pagos. En relación con el juzgado penal número 8 de Palma, encargado de las ejecutorias, presenta la situación "más preocupante" de todo el territorio, según Terrassa, debido a sus dificultades estructurales. En lo que se refiere al ámbito de Palma, los 23 juzgados de Primera Instancia registraron un aumento del 23,2 por ciento de casos tramitados el año pasado y un 30 por ciento de litigios que quedaron pendientes. En relación a los 12 de instrucción, presentan una situación deficitaria por la acumulación de causas pendientes (+24,3 por ciento de las 79.119 tramitadas, un 1,6 por ciento más). Al mismo tiempo, respecto a los juzgados de violencia sobre la mujer, la evolución registrada con la creación de un segundo juzgado y el aumento del esfuerzo resolutorio han permitido restar casos pendientes (-21,3 por ciento en asuntos civiles y -30,3 por ciento en casos penales). Terrassa incidió además que durante 2008 se presentaron 3.064 denuncias y fueron impuestas 456 órdenes de protección. INTERVENCIÓN DE LOS GRUPOS En el turno de intervenciones de las formaciones políticas, la portavoz del PP, Rosa Estaràs, criticó las inversiones destinadas a las islas desde el Ministerio de Justicia y lamentó que este ámbito "siempre es la hermana pobre de la Democracia", al tiempo que recalcó la necesidad de que se retome la negociaciones para el traspaso de las competencias de justicia. También recriminó que el Plan de Normalización Lingüística del Govern contemple como requisito el conocimiento de catalán entre los jueces. "Lo que queremos es que sean los mejores y los más neutrales, y que los conocimientos de lengua catalana sean considerados un mérito, no un requisito", aseveró. A este respecto, el presidente del TSJIB manifestó que las inversiones en justicia "son siempre un tema de oportunidad política", aunque resaltó que en los últimos años se ha producido un incremento del 10 por ciento en cuanto al número de jueces. Según aseveró, "el problema actual radica en que los edificios están saturados o dispersos". Así, manifestó que la huelga de funcionarios del año pasado es el reflejo de una situación "sobresaturada", por lo que las negociaciones "deberán fructificar en alguna situación perdurable, aunque hay que tener mucha paciencia". Mientras tanto, el portavoz del Grupo Socialista, Antoni Diéguez, apuntó que la "rapidez de la vida económica de las islas hace que la litigiosidad sea más alta", ante lo que Terrassa recriminó el "actual colapso lamentable". Así, incidió también en la necesidad de que se ponga en marcha la nueva oficina judicial para resolver la situación, ya que no podemos andar en paños calientes por mucho tiempo más", sentenció.