Un 82 por ciento de los españoles se muestra de acuerdo con la implantación de la cadena perpetua, según un estudio

El Barómetro de la Justicia cifra en más del 90% de los encuestados los que "no saben o no recuerdan" el nombre del titular de Justicia

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

Un 51 por ciento de los españoles se muestran de acuerdo con la implantación de la pena de cadena perpetua, siempre que sea revisable, mientras que un 31 la impondrían sin condiciones, según se desprende del primer Barómetro del Observatorio de la Actividad de la Justicia, elaborado por la Fundación Wolters Kluwer y Metroscopia, con la colaboración del despacho de abogados Garrigues y Banesto.

El estudio, que fue presentado esta tarde por el director del Observatorio de la fundación, el juez de la Audiencia Nacional y ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial Enrique López,refleja también que un 91 por ciento de los ciudadanos "no sabe o no recuerda" el nombre del actual ministro de Justicia, Francisco Caamaño, frente a un 69 por ciento que desconocía cómo se llama el anterior titular de la cartera, Mariano Fernández Bermejo.

Por otra parte, las penas establecidas por delitos de terrorismo con resultado de muerte (hasta 30 años), colaboración con banda armada (de 5 a 10 años), asesinato (de 15 a 20 años) y agresión sexual (de 6 a 12 años) son consideradas insuficientes para un 70, 71, 73 y 68 por ciento de los entrevistados, respectivamente. No obstante la mitad de los participantes en el muestreo califican como adecuada la condena por robo con fuerza, de uno a tres años.

Otro de los puntos analizados por el Observatorio, que a ha llevado a cabo su estudio a través de 1.200 entrevistas telefónicas realizadas a personas mayores de 18 años, ha sido la duración de los procesos judiciales. La gran mayoría de los españoles (entre un 60 y un 78 por ciento) considera que los procesos se prolongan durante demasiado tiempo en casos como un asunto penal grave, un divorcio, el cobro de una deuda o acciones por temas de urbanismo. No obstante, califican como "razonable" el tiempo que transcurre hasta la existencia de una sentencia firme en un juicio por despido, una media de tres meses.

Por otro lado, la encuesta concluye que un 65 por ciento de la población considera que algunos jueces tienden a favorecer o perjudicar a los miembros de alguno de los principales partidos políticos mientras que un 51 defiende que "tenían motivos más que suficientes" para declararse en huelga el pasado 18 de febrero.

FUNCIÓN DE LAS PENAS

Los encuestados ofrecieron también su opinión sobre la función de las sanciones y las condenas impuestas por los delitos cometidos, poniendo en primer lugar el castigo por el daño cometido y en último el aislamiento de la sociedad para impedir que el preso continúe delinquiendo.

En cuanto al funcionamiento de la Justicia, un 71 por ciento de la población considera que sería más eficaz mejorar los medios técnicos de los que disponen los Juzgados que aumentar su número para incrementar la eficacia de la Justicia. Además, un 62 por ciento de los españoles concede mayor importancia a que los procedimientos judiciales se lleven a cabo de forma rigurosa a que se resuelvan con la mayor rapidez posible.

Los ciudadanos achacan la responsabilidad en la gestión y el funcionamiento de la Administración de Justicia, según los datos del estudio a los jueces (31 por ciento), seguidos por el Ministerio de Justicia (29 por ciento), Consejo General del Poder Judicial (26 por ciento) y las Comunidades Autónomas (16 por ciento).

La encuesta de la Fundación Wolters Kluwer demuestra que los españoles prefieren la mediación o el arbitraje para la resolución de cuestiones como el pago de una multa de tráfico, los conflictos vecinales o el cobro de comisiones bancarias antes que la intervención de los tribunales de Justicia.

ABOGADOS

Además, el estudio apunta a que un 63 por ciento de los ciudadanos conoce a un abogado al que podría acudir en busca de consejo profesional y a que los afectados recurrirían a la ayuda de familiares, amigos o conocidos si intentan localizar a alguno. No obstante, desconocen los honorarios de los letrados.

Otra de las cuestiones abordadas es la interferencia de los medios de comunicación en la acción de la Justicia, que un 51 por ciento de los encuestados considera perjudicial. Además, el 76 por ciento opina que para proteger a las personas acusadas debería estar prohibido que los medios les señalaran como presuntos culpables.