La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha paralizado los trámites relacionados con los colegios electorales para celebrar el referéndum del 1 de octubre en la ciudad tras la suspensión del TC, a la espera de que el Govern aclare qué hará para no poner en riesgo a la institución y los funcionarios.
Colau se lo ha hecho saber al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, tras la carta de éste a los ayuntamientos catalanes para que respondieran en 48 horas sobre su disposición para habilitar el dispositivo electoral.
El equipo de gobierno de Ada Colau estudia cómo acatar la suspensión de la ley del referéndum ordenada por el Tribunal Constitucional, por lo que -por ahora- paraliza la cesión de sus locales como le reclama la administración catalana y como quiere la propia alcaldesa.2. Mantenim la plena disposició a facilitar la participació a tota mobilització democràtica, sense posar en risc institució ni funcionaris— Ada Colau (@AdaColau) 7 de septiembre de 2017
El primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, ha asegurado en rueda de prensa que todavía no tienen informe del secretario general del Ayuntamiento sobre la cesión de locales para el referéndum, y que han hecho esta petición al Govern para Barcelona pero que también están afectados el resto de municipios catalanes.
"La disposición a que puedan participar y movilizarse es absoluta. Pero repetimos lo que hemos repetidos muchas veces: no pondremos en riesgo a la institución ni a funcionarios", ha remarcado.Entre el silencio y el rechazo
Ayuntamientos catalanes que suman al menos tres millones de habitantes guardan silencio o ya han rechazado la cesión de los locales electorales habituales para la celebración del referéndum de independencia del 1 de octubre, después de que el Tribunal Constitucional haya suspendido su convocatoria.
Se trata, entre otros, de L'Hospitalet de Llobregat, Terrassa, Lleida, Tarragona, Mataró, Santa Coloma de Gramenet, Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Viladecans, El Prat de Llobregat y Castelldefels.
El nexo entre todas estas localidades es la presencia del PSC en el equipo de gobierno, en algunas ocasiones en solitario y en otras compartiendo protagonismo con otras formaciones, algunas de ellas independentistas.
En todos los casos, se ha trasladado a los servicios jurídicos municipales la carta en la que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, daba un plazo de 48 horas para confirmar la disponibilidad de los espacios que se usan habitualmente como colegios electorales para el referéndum del 1 de octubre.
Algunos ya se han posicionado, como la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlón, que ha comunicado por escrito que no cederá locales de votación para el 1-O, porque el referéndum ha sido suspendido por el Tribunal Constitucional (TC).
Aún más importancia tiene el papel de L'Hospitalet de Llobregat, la segunda ciudad más importante de Cataluña con más de 250.000 habitantes. La alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat, la socialista Núria Marín, ya ha rechazado ceder locales para el 1-O.
Tampoco va a ceder espacios su compañero en la ejecutiva del PSOE y hombre fuerte de Pedro Sánchez en Cataluña, el alcalde de Viladecans (Barcelona), Carles Ruiz.
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