¿Y ahora qué? Claves de la batalla legal de Gobierno y TC ante la ley del referéndum

La ley del referéndum de autodeterminación de Cataluña solo entraría en vigor en el momento de su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat.

Pero ayer se aceptó que esa proposición de ley, fundamental para el proceso independentista, se tramitara en el Parlamento sin la firma del secretario general de la Cámara -un requisito indispensable-, sin el dictámen del Consejo de Garantías estatutarias y dando a los diputados de la oposición dos horas para preparar sus enmiendas al texto.

Será previsiblemente hoy, cuando el Tribunal Constitucional actúe. El Gobierno presentó a primera hora de la tarde de ayer su impugnación -un incidente de ejecución de sentencia- pero los magistrados de ese organismo ya habían suspendido el Pleno, que retomarán hoy.

El ‘timing’ de las instituciones del Estado permitió ayer esa sesión parlamentaria cuando menos irregular, en la que se limitaron los derechos de los grupos de la oposición y se modificó sobre la marcha el proceso de debate y aprobación.

Pero esa inactividad no afectará a la posible invalidación de todos esos trámites en la Cámara catalana. La más que previsible admisión a trámite por unanimidad de la impugnación del Gobierno a la admisión a trámite por la Mesa del Parlament del texto legal retrotaerá las actuaciones a primera hora de la mañana de ayer. Es decir, que todo lo actuado en el Pleno del Parlament sobre la proposición de ley quedará suspendido. Da igual que los magistrados aborden el recurso hoy. Si se admite hoy, la suspensión tendrá fecha de ayer.

El Gobierno, por boca de su vicepresidenta, Soraya Sáez de Santamaría, anunció ayer que si la ley llega a entrar en vigor, el Ejecutivo central presentará, además del incidente de ejecución de sentencia, un recurso de inconstitucionalidad.

La duda es cuál será la actuación del alto tribunal en caso de que se encuentre con los dos escritos. Si admite a trámite el primero y suspende toda la tramitación de la sesión parlamentaria de ayer, todo lo acordado en la Cámara no sería válido. Tampoco la votación que dé aprobación a la ley y la posible convocatoria posterior del referéndum por el Govern, todos ellos actos derivados de la admisión a trámite de la proposición de ley.

En ese caso, el posible recurso de inconstitucionalidad quedará sin contenido. Porque si no existe esa ley gracias a la suspensión de su admisión a trámite, su impugnación por el Gobierno para que el tribunal la declare inconstitucional quedará sin objeto, vacía, lo que podría dar lugar a una resolución meramente formal en la que así se declare.

Además de la vía Constitucional, el Estado puso ayer también en marcha la maquinaria penal. La Fiscalía de Cataluña anunció que presentaría en cuanto la tuviera lista una querella contra los miembros de la Mesa del Parlament que aprobaron ayer la admisión a trámite de la proposición de ley.

Lluís Guinó, Anna Simó, Joan Josep Nuet y Ramona Barrufet (de Junts pel Sí y Catalunya Sí Que Es Pot), además de la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, son los que, presuntamente, sacaron adelante la propuesta. El Ministerio Público considera que, al hacerlo, cometieron los delitos de desobediencia y prevaricación.

Con esta nueva querella, Forcadell se convierte en el cargo que más acciones penales acumula. La fiscalía también se querelló contra ella por esos mismos delitos al dar trámite a las conclusiones de la Comisión del Proceso Constituyente después de que el Constitucional pusiera en conocimiento del Ministerio Público su empeño en desoír los requerimientos del Constitucional.

El Gobierno, en el incidente de ejecución que presentó ayer ante este último tribunal, también solicitó a los magistrados que actuaran contra ella. Todas estas querellas tendrán que resolverse en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el órgano al que están aforados los diputados catalanes.

Ayer fue, además, el día de las primeras desafecciones de funcionarios. El primero, el secretario general del Parlament, Xavier Muro, que trató de impedir que la proposición de ley se publicara en el diario oficial de la Cámara catalana.

No lo consiguió. Cuatro diputados de Junts pel Sí, que tiene mayoría en la Mesa, obligaron ha hacerlo, aunque la ley no les da competencias para ello. También se opusieron los servicios jurídicos del Parlamento, con el letrado mayor a la cabeza, Antoni Bayona. Advirtieron de que, con la tramitación de la ley, se podía estar cometiendo delitos. Pero los diputados de Junts pel Sí y la CUP decidieron no escucharlos. El Consell de Garantías Estatutarias, además, avisó de que su dictámen era preceptivo para la aprobación de la norma. Nada.

Más allá de esas deserciones, lo cierto es que ayer sí hubo empleados públicos que aceptaron y cumplieron órdenes ilegales de los cargos denunciados. Como los encargados de anunciar el texto legal a debatir en el Boletín Oficial del Parlament.

También lo cometerían los funcionarios del Diario Oficial de la Generalitat, dependientes del Departamento de Presidencia que preside el ‘conseller’ Jordi Turull. Pero sólo si finalmente, como parecen ser los planes del Govern, se publica. Únicamente en ese momento la ley entrará en vigor.