Rajoy encara tres consejos de ministros en una semana para frenar el procés

El desafío independentista catalán encara una semana clave. A partir de este lunes 4 de septiembre, el Parlament podría comenzar a tramitar las dos leyes de desconexión que Junts pel Sí y la CUP han pactado presentar: la del referéndum y la de transitoriedad jurídica y fundacional de la república. No tienen mucho más tiempo. En Moncloa llevan tiempo preparados para cualquier cosa, con "todos los escenarios" estudiados y todas las respuestas contempladas. Será una estrategia de acción-reacción en cuanto los secesionistas den el primer paso.

Lo que hagan los independentistas podría llevar al Gobierno de Rajoy a celebrar hasta tres consejos de ministros en cuestión de tres días. Fuentes del Ejecutivo no lo descartan y se remiten a esperar a que la Mesa del Parlament califique las dos leyes previstas. En cuanto eso ocurra, el equipo de Rajoy se pondrá en marcha con una reunión extraordinaria del gabinete en Moncloa por cada ley que se tramite. Si, finalmente, la Mesa da el visto bueno el próximo miércoles y jueves a cada una de las leyes, Moncloa celebraría sendos consejos en días consecutivos y con un único punto en el orden del día: el recurso ante el Tribunal Constitucional. Para el viernes ya quedaría el tercer consejo de ministros, el ordinario, donde se abordarían los diferentes acuerdos previstos para la semana.Rajoy quiere tener a sus ministros cerca ante lo que pueda pasar en los próximos días.

Durante los próximos días, Rajoy quiere tener a sus ministros cerca. No hay previsto ningún desplazamiento lejano de ningún miembro del gabinete. Tampoco hay actividad parlamentaria para ninguno de ellos, ni plenos en Congreso o Senado ni comisiones. Agenda despejada, por tanto, para poder presentarse en Moncloa en apenas un par de horas si son requeridos para ello. Los móviles de los ministros, como ya ocurrió a mediados de agosto, estarán disponibles para recibir una llamada urgente que les convoque en el complejo presidencial. 

La agenda pública de Rajoy para la próxima semana, por su parte, se reduce a la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP, el lunes, a un encuentro en Moncloa con el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Julio Borges, y Lilian Tintori, esposa del opositor Leopoldo López, y al consejo de ministros ordinario del viernes a las 10 de la mañana.El TC, brazo ejecutor del Gobierno

El pistoletazo de salida para toda este serie de actuaciones por parte del Gobierno lo dará el Parlament cuando califique cada una de las leyes de desconexión. En ese momento, el procedimiento que tiene previsto seguir el Gobierno pasa por solicitar un informe urgente al Consejo de Estado para, a continuación, presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional que, si lo admite a trámite, suspendería cautelarmente los textos (artículo 161.2 de la Constitución). La suspensión debería ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.LINVID20170901_0001Otra opción complementaria que están manejando en Moncloa pasaría por que el Tribunal Constitucional actúe de oficio y se convierta en el auténtico brazo ejecutor del Gobierno. La ley lo permite desde 2015. Ese año, el Gobierno del PP que contaba con mayoría absoluta reformó la Ley Orgánica del TC para establecer que "si se tratara de la ejecución de las resoluciones que acuerden la suspensión de las disposiciones, actos o actuaciones impugnadas y concurrieran circunstancias de especial transcendencia constitucional, el Tribunal, de oficio o a instancia del Gobierno, adoptará las medidas necesarias para asegurar su debido cumplimiento sin oír a las partes".Es decir, el propio TC podría entender que la Ley de Referéndum catalán incumple el auto que anulaba la famosa Resolución 306/XI del Parlamento de Cataluña, de 6 de octubre de 2016, y que suponía el inicio a la hoja de ruta independentista. Así, anularía a iniciativa propia la citada Ley y, además, podría iniciar la vía penal, tal y como se contempla en la misma reforma de la Ley Orgánica del TC: "En la misma resolución dará audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal por plazo común de tres días, tras el cual el Tribunal dictará resolución levantando, confirmando o modificando las medidas previamente adoptadas". Este escenario es contemplado por el Gobierno, indican fuentes de Moncloa.Multas coercitivas, suspensión de funciones y responsabilidad penalEn definitiva, el Tribunal Constitucional podría actuar de oficio y llegar a imponer las siguientes medidas si "apreciase incumplimiento total o parcial de su resolución": a las autoridades, empleados públicos o particulares, suspensión de funciones, ejecución sustitutoria de las resoluciones recaídas en los procesos constitucionales e, incluso, deducir testimonio para exigirles responsabilidad penal. Así se contempla en la reforma de su Ley Orgánica.Este mecanismo ya ha sido utilizado por el TC con anterioridad. Cuando Carme Forcadell, presidenta del Parlament, permitió que se votarán las conclusiones de la llamada comisión de estudio del proceso constituyente, el Constitucional puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía y el Ministerio público acabó querellándose contra Forcadell. Esta misma vía, por tanto, podría repetirse en los próximos días contra Puigdemont, Junqueras y demás cargos del Govern y del Parlament