La maquinaria de la justicia intensifica su trabajo antes del referéndum del 1-O

  • El próximo lunes el diputado catalán Germá Gordó, mano derecha de Artur Mas, tiene que declarar por la presunta financiación irregular de Convergencia y el juez Carlos Ramos quiere más datos.

    Otro aviso a navegantes: el Tribunal de Cuentas empezó a moverse para que Artur Mas y otros miembros de su Gobierno paguen los gastos del referéndum del 9-N de su bolsillo.

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La Justicia y la Guardia Civil intensifican su trabajo antes del referéndum del 1-O
La Justicia y la Guardia Civil intensifican su trabajo antes del referéndum del 1-O
EFE
José Luis Roig / @joseluisroig

La máquina de la Justicia, que es mucho más demoledora que esa máquina de la verdad que aparecía en televisión, se ha puesto a trabajar intensamente por dos motivos: para esclarecer la corrupción que hubo y hay en Cataluña, y para dejar claro antes del 1 de Octubre que los retos al Estado de Derecho no salen gratis.

Que los agentes de la Guardia Civil entren en el Parlament y en la Generalitat puede parecer una osadía, pero una osadía avalada por un juez, en concreto por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Carlos Ramos, es siempre mucho más convincente y legal. El próximo lunes el diputado catalán Germá Gordó, mano derecha de Artur Mas, tiene que declarar por la presunta financiación irregular de Convergencia. Y el mencionado juez quiere más datos, sobre todo quiere una agenda de citas con los empresarios favorecidos por la presunta corrupción, y que ha desaparecido misteriosamente.

El conceller Jordi Turull se ha puesto duro y le ha pedido a la Guardia Civil que espere en un despacho a que les den la información que buscan, pero no ha podido impedir que la Justicia y la policía hagan su trabajo. Y sobre todo, que quede claro que el peso de la Ley caerá sobre todos lo que intenten infringirla.

El miércoles, el Tribunal de Cuentas empezó a moverse para que Artur Mas y otros miembros de su Gobierno paguen los gastos del referéndum del 9-N de su bolsillo. Otro claro aviso para navegantes. Ya veremos cómo acaba la historia, pero es una clara advertencia de cara al 1-O. Quien quiera montar un referéndum ilegal deberá pagarlo de su bolsillo. Hace unas semanas el ex conceller Baiget abandonaba su cargo porque no estaba dispuesto a poner en peligro el patrimonio de su familia, y tras él otros cinco miembros del Ejecutivo catalán se han dado de baja. La batalla continúa, pero los caídos por el bando independentista empiezan a ser ya muchos.  

Ahora, el Tribunal de Cuentas habla de malversación de fondos y reclama más de cinco millones de euros a Mas y compañía. En Cataluña algunos se lo toman en plan “Lola Flores”, pretenden hacer una colecta para sufragar los gastos. Las huchas del Domund están muy bien para financiar una ONG pero no bastan para alcanzar la independencia de Cataluña.

Queda claro que todo esto responde a la partida de ajedrez institucional que el Gobierno de la nación y la Generalitat están jugando. La independencia unilateral es un desiderátum imposible de lograr, pero el simple hecho de intentarlo ya tiene un coste, político y patrimonial.

No hay que olvidar que la maquinaria del Estado cuando se pone en marcha suele ser implacable. Cada día que pasa está más cerca ese fatal desenlace del choque de trenes, del que todos hablan. Habrá que ver cómo termina esta historia que se está haciendo interminable, y si los trenes acaban en vía muerta. De lo que no hay duda es que a partir del 2 de octubre ya nada será igual. De momento, la Justicia y la policía intensifican su trabajo.

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