Gobierno y jueces protegerán a los funcionarios que 'desobedezcan' el 1-O

Una apelación al cumplimiento de las leyes, la Constitución y las resoluciones del Tribunal Constitucional sobre el referéndum soberanista o una llamada a la desobediencia a los planes secesionistas del Gobierno de Carles Puigdemont. De una forma o de otra, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, garantizó ayer que "nadie sufrirá por cumplir la ley" en todo el proceso unilateral de ruptura que se plantea en Cataluña. El llamamiento hacía referencia en especial a "todos los servidores públicos, de cualquier clase que sean, encargados de hacer cumplir la Ley en cualquier parte del territorio nacional, reafirmándonos hoy en que un Poder Judicial único, fuerte e independiente es la mejor garantía de la libertad y la igualdad de los españoles".

Ese es el mensaje que el presidente del Tribunal Supremo trasladó a los funcionarios catalanes durante su discurso ante el Rey en el acto de apertura del año judicial. El amparo de los jueces a estos servidores públicos dependientes de la Generalitat pero leales al Estado (y su otra cara, la posibilidad de actuar contra ellos si aceptan órdenes ilegales) es una intención que comparte el Gobierno, según fuentes cercanas al proceso. El mensaje va dirigido a los que más tienen que perder con la desobediencia radical del Gobierno catalán al ordenamiento jurídico en sus planes de ruptura.

Las declaraciones de Lesmes eran secundadas por parte de fuentes cercanas al Gobierno, que garantizaron en todo momento la protección a todos los funcionarios catalanes que cumplan la ley, sobre todo si se ven conminados a colaborar en acciones que hayan sido declaradas ilegales por parte de algún órgano judicial o por el propio Tribunal Constitucional. Tanto desde el Ejecutivo como desde el Poder Judicial se está a la espera del desarrollo de los acontecimientos, dado que no se va a actuar sin que haya una justificación para ello. "Todas las opciones están abiertas y sobre la mesa, para utilizar el camino más eficaz y rápido que nos permita frenar cualquier acción que se considere ilegal", aseguran. 

Hasta el momento, el ‘procés’ ha sido un asunto de políticos. Los únicos cargos que, por el momento, habían sufrido las consecuencias de desoir los requerimientos del Constitucional habían sido el ‘expresident’ Artur Mas, el que fuera su mano derecha y portavoz de Convergencia en el Congreso, Francesc Homs, y las exconsejeras Irene Rigau y Joana Ortega, condenados por organizar la anterior consulta soberanista, celebrada el 9 de noviembre de 2014. Pero ayer mismo se hizo público el requerimiento del Tribunal de Cuentas para Más y hasta una decena de altos cargos implicados en la consulta del  9-N, para que afronten una sanción de hasta 5 millones de euros por los gastos de dinero público que se ocasionaron entonces. Proceso a Forcadell

En el actual proceso soberanista, nacido a finales de 2015, la Fiscalía, a instancias del Constitucional, se ha querellado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell (Junts pel Sí), por desobediencia y prevaricación al dar trámite en la Cámara catalana al debate y aprobación de las conclusiones de la comisión soberanista que estudió los pasos a dar hacia la nueva república independiente. Le podrían seguir el propio Puigdemont y los restantes miembros de su Gobierno en caso de que sigan adelante con sus planes y convoquen el referéndum.

Pero la advertencia del alto tribunal no solo iba dirigida contra estos sino que recordaba “a todos los poderes públicos” su obligación de cumplir sus resoluciones. Y eso incluye a los funcionarios de la Generalitat: Mossos d’Esquadra o personal dependiente de cualquiera de de sus consejerías.

Trabajadores públicos con toda una carrera en instituciones dependientes del Govern y que llegaron a sus puestos en muchos casos mediante oposiciones con la esperanza de obtener un trabajo para toda la vida.

Esos objetivos, logrados con tanto esfuerzo, podrían verse truncados si obedecen órdenes del Ejecutivo catalán contrarias a las leyes y la Constitución, ya que una condena por desobediencia implica una pena de inhabilitación para empleo o cargo público.