El 'caso Rato', el último fiasco de una UCO cada día más en la diana

  • Tras el 'caso Cifuentes', la UCO recibe un nuevo varapalo. El juez del caso Rato, Antonio Serrano-Arnal señala que la acusación de fraude, blanqueo y cohecho contra Rato en su etapa de ministro se basa en sospechas.

    Acusa a la Unidad de elaborar un informe con "meras hipótesis sin sustento fáctico basado en sospechas, suposiciones y conclusiones que no van más allá de ofrecer una perspectiva global". 

El juez descarta que Rato blanqueara dinero y acusa a la UCO de denunciar sin pruebas
El juez descarta que Rato blanqueara dinero y acusa a la UCO de denunciar sin pruebas
L.I.

Empezaron siendo cinco guardia civiles y hoy tienen hasta un club de fans. Es la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, más conocida como UCO. Sí, sus siglas suenan porque dominan los telediarios, la pena del telediario según algunos. Porque la UCO, creada a finales de los ochenta con el objetivo de investigar y perseguir aquellos delitos que por su complejidad y trascendencia exigían una especialización mayor, la unidad de los elegidos (solo 550 forman parte de ella a día de hoy de más de 77.000 agentes), pasa sus momentos más críticos. 

Filtraciones, intereses políticos, interpretaciones en sus informes que sorprenden a los expertos... la UCO ha recibido este viernes un golpe de los que hacen daño. Mucho. El juez del caso Rato, Antonio Serrano-Arnal, ha archivado de forma provisional la investigación por supuesto blanqueo, cohecho y malversación de fondos públicos contra el Rodrigo Rato al estimar que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) basó su denuncia en "sospechas sin sustento".

Su auto es durísimo con la UCO. "No existen indicios más allá de la sospecha" de que Rato tuviera la "exclusiva potestad" de nombrar a personas afines a él al frente de las empresas privatizadas, dice el juez, que acusa a la Unidad de elaborar un informe con "meras hipótesis sin sustento fáctico basado en sospechas, suposiciones y conclusiones que no van más allá de ofrecer una perspectiva global". 

El juez critica que la UCO se base en suposiciones. No solo eso. En el auto afea que el informe abuse del condicional con expresiones como  "podría señalarse", "habría que preguntarse" o "habría que cuestionarse" en "innumerables párrafos". Y no solo eso. El magistrado insiste en que "un juez investiga hechos concretos, no especulaciones o la búsqueda de indicios basados en sospechas".

Denme datos de Hacienda, pide el juez, porque estos son esenciales de cara a imponer una eventual condena. Y deja caer que obtenerlos no debe ser tan díficil: "Estos importes son perfectamente accesibles por Hacienda mediante el examen de la contabilidad de las empresas que contrataron los servicios de publicidad". Casi nada.

Meses en el foco

El varapalo del juez, Antonio Serrano-Arnal, no es el único que ha sufrido al institución en los últimos meses. El caso Cifuentes, por la adjudicación de la cafetería de la Asamblea de Madrid, que salió a la luz cuando el juez Velasco ya había descartado su uso por falta de evidencias, sembró de quejas y de críticas a la actuación de la entidad.

"Supongo que el informe lo habrá hecho alguna persona. Yo defiendo a la Guardia Civil y lo seguiré haciendo, porque creo que como la policía es un pilar del Estado de Derecho. Eso no quita, que en la UCO se pueden hacer la cosas mejor o peor o cometer errores", se defendía Cifuentes. "No estoy dispuesta a consentir esta política del difama que algo queda".

Lucía Figar se subía en la ola de indignación y argumentaba en boca de su abogado que las acusaciones de la UCO contra ella también eran  meras suposiciones. Este pidió" el sobreseimiento y archivo de su imputación en la trama Púnica porque está basada en "meras hipótesis y conjeturas.

¿Quién filtras estos documentos? ¿Por qué ahora? ¿Qué interés tienen si el juez los desestima? La respuesta fue... otro informe de la UCO contra Cifuentes 24 horas después. Esto molestó incluso a la propia UCO, que sentía que los aplausos se estaban convirtiendo en demoledoras críticas. 

"Las filtraciones de informes hacen daño a la propia UCO y, más grave, a la presunción de inocencia. La relevancia pública que adquieren estas filtraciones hace que la sociedad a veces se tome los informes como sentencias judiciales y no lo son. La Guardia Civil investiga de acuerdo a unos indicios, pero quien decide si se imputa y, posteriormente, condena a una determinada persona son los Tribunales", explicaban a este medio fuentes de la Guardia Civil.

Los datos certifican que la UCO hace un trabajo más que necesario, encomiable, pero que en ningún caso debe considerarse una sentencia. Uno de cada cuatro informes de UCO y UDEF sobre corrupción no llega a convertirse en condena. Los datos del Consejo del Poder Judicial son claros: el 24 por ciento de las 104 sentencias por delitos de corrupción dictadas en 2016 fueron absolutorias, es decir, 25 no llegaron a nada mientras que 79 fueron condenatorias. Todas ellas basadas en informes policiales, bien de la UCO, bien de la UDEF. La pena del telediario puede convertirse en un boomerang. La UCO empieza a sentirlo. Un juez acaba de dar la voz de alarma.

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